EN estos días la prensa se está haciendo eco del rechazo masivo que los centros de enseñanza públicos han mostrado ante la orden de calidad y mejora de la educación andaluza. A los profesores que estamos luchando para que se retire esta orden nos gustaría explicar a la opinión pública en general, y en particular a los padres y madres de nuestro alumnado, por qué este rapto de aparente locura, por qué no queremos que nos paguen 7.000 euros más.

Pues bien, imaginemos que les decimos a los médicos que les pagaremos más si dan más altas, sin importar cómo de grave esté el enfermo que envían a su casa, para mejorar las estadísticas de salud, o a los jueces de instrucción para que dicten más sentencias absolutorias, buscando bajar los índices oficiales de criminalidad. Esto es lo que nos están pidiendo desde la Administración, que mandemos a su casa a los alumnos con más aprobados, sin importar cuál sea su grado de formación y esto es lo que no estamos dispuestos a hacer.

Pese a que sus defensores lo nieguen, esta orden pretende mejorar la calidad de la enseñanza andaluza ofreciendo a los profesores una prima de 7.000 euros en cuatro años si aumentan una serie de indicadores que supuestamente se refieren a la calidad de los centros educativos. El 65% de estos indicadores debe estar referido a la mejora de los resultados. Algunos de estos indicadores son: incrementar en un 10% el porcentaje de alumnos que pasan de curso, incrementar en un 10% el porcentaje de alumnos que alcanzan la titulación, incrementar en un 10% el porcentaje de alumnos que no repiten curso...

Pero esta mal llamada orden de calidad no hace nada por comprobar si los resultados que mejoran en los centros lo hacen de verdad. El profesor es el único garante de que así sea: él evalúa, él mejora resultados, él cobra. Lo único que se tendrá en cuenta para que los profesores cobremos este dinero extra es que el director del centro haga un informe positivo de nuestro trabajo y no podemos olvidar que él sólo cobra la prima si cobramos los demás. Una situación como ésta es totalmente inaceptable dado que deja la puerta abierta a la sospecha sobre fraude: ¿han mejorado nuestros alumnos o simplemente nosotros les hemos aprobado?

A los profesores que rechazamos esta ley se nos puede acusar de "no querer ser evaluados" o de "no querer mejorar la calidad de la enseñanza". Pero se olvida que estamos renunciando a un dinero que nos vendría -como a todo el mundo- muy bien. Si lo hacemos es porque tenemos razones de peso para ello. A quienes nos dicen que no queremos ser evaluados les respondemos que precisamente es lo que deseamos, una evaluación, pero una evaluación externa, real, de las competencias de nuestros alumnos, no del número de aprobados que las estadísticas de la Junta registren a final de curso. Y hay que recordar que esta Consejería ha estado vedando sistemáticamente el acceso del organismo nacional de evaluación (INCE) cada vez que se le ha requerido. Es evidente que deseamos una mejor calidad en la enseñanza dado que nuestro trabajo consiste precisamente en eso: en intentar hacer mejores a nuestros alumnos. Sólo que pensamos que esta mejora pasa no sólo por pagarnos más, sino por invertir en más profesores, en más medios, en tener menos alumnos por clase, en hacer leyes educativas más cercanas a las aulas...

Pero es que además debemos alertar sobre las consecuencias que una orden de este tipo puede tener sobre los alumnos. En primer lugar, porque sabrán que los profesores cobraremos más si les aprobamos más, lo que supone una pérdida inmediata de nuestra ya mermada autoridad y de su respeto: "Maestro, ¿me has aprobado para cobrar más?". En segundo lugar, porque la Junta de Andalucía ya ha anunciado que las inversiones en más profesores y medios favorecerán a los centros que se acojan al programa en un burdo chantaje que discriminará al alumnado creando centros de primera categoría y centros de segunda categoría. Ni siquiera si todos los centros se acogieran a este programa se solucionaría este disparate, pues la orden indica expresamente que en ese caso se realizaría una rigurosa selección de éstos para el programa, dado que no hay fondos para pagar primas a tantos profesores. En tercer y último lugar, porque ningún sistema educativo puede ni debe basar su calidad en incentivos económicos.

Hace ya tiempo que los profesores no tenemos voz ni voto en la política educativa de este país. Por eso, necesitamos las voces y los votos de quienes sí las tienen. Necesitamos y pedimos desde aquí la ayuda de los padres y las madres responsables que quieran una educación de calidad para sus hijos, una educación regida por criterios pedagógicos, alejados de las veleidades políticas del momento, una educación en la que los profesores no estén mejor pagados si aprueban a más alumnos, a la manera de extraños mercenarios de la enseñanza, sino si les enseñan mejor y les preparan mejor para su futuro profesional. Vuestros hijos lo merecen y por eso estamos luchando.