Otro recurso contra la Junta

LA consejera de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, anunció ayer en Granada que el Gobierno de la nación ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la tercera subasta pública de medicamentos promovida por el Ejecutivo autonómico. Como en las dos ocasiones anteriores, la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno produce automáticamente la suspensión cautelar de la medida recurrida a la espera de que el TC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. No obstante, dados los plazos de funcionamiento del Constitucional, en los dos procedimientos anteriores el Alto tribunal terminó levantando la suspensión, aun sin pronunciarse acerca del asunto en litigio. Los conflictos de competencias, y sus correspondientes recursos, son habituales en el Estado de las autonomías, cuya reciente creación y complejidad abona la eventualidad de que los legítimos poderes en liza consideren que las legislaciones e iniciativas respectivas invaden el terreno exclusivo del otro. Para eso existen precisamente los recursos, sean en el ámbito judicial, contencioso o, en última instancia, constitucional. Son numerosos los recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno ha presentado contra las comunidades autónomas, y éstas contra el Gobierno. En el caso que comentamos, no obstante, hay una reiteración del Ejecutivo en la actitud de sabotear una medida que, en definitiva, tiende a reducir el gasto en productos farmacéuticos al seleccionar principios activos presentes en el mercado en varios miles de marcas y denominaciones comerciales distintas y sacarlos a subasta entre los distribuidores para conseguir precios ajustados que no sobrecarguen las arcas públicas. El ahorro habría sido, con esta tercera subasta, superior a los doscientos millones de euros. Cierto que sería más adecuado que el mercado de medicamentos se mantuviera sin grietas, unitario para toda España, pero el caso es que pasa el tiempo y el Ministerio de Sanidad, que debiera liderar este tipo de iniciativas, no sale de su pasividad. En un contexto de mayor lealtad institucional y mejor cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas sería factible que la subasta de medicamentos se impusiera a nivel nacional, en beneficio de todos los pacientes y como especial contribución al control del déficit público. Se gasta mucho en fármacos, y las autoridades de todos los ámbitos deberían esforzarse en tomar medidas consensuadas para disminuir esta importante partida de gastos sin perjudicar la salud de los ciudadanos. En este caso concreto el recurso del Gobierno central contra el Gobierno andaluz no está justificado.

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