La reforma de los servicios de empleo

TRAS culminar la primera fase del duro plan de ajuste impulsado por el Gobierno para reducir el déficit público, que ha puesto en crisis determinados derechos sociales que parecían consolidados, el Ejecutivo parece dispuesto a activar la segunda, que tendrá a los servicios públicos de empleo como principales protagonistas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, confirmó ayer que a partir de ahora se va a reducir a un mes el periodo de tiempo que tiene un desempleado para aceptar un plan formativo o una oferta de trabajo, situación que Corbacho calificó de "anómala" a pesar de estar recogida en la ley de la seguridad social. En paralelo, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ayer se reunió con Zapatero, anunció que a partir del próximo mes de septiembre la Administración andaluza acometerá, en sintonía con el Ejecutivo central, una profunda remodelación de los servicios públicos de empleo con el objetivo de vincular las llamada políticas activas -esencialmente la formación- y las pasivas -el cobro del subsidio y de las ayudas sociales- de forma que ambas mejoren la integración de los desempleados en el mercado de trabajo. A la espera de ver los detalles concretos de tal reforma, conviene hacer dos reflexiones. Primera:es manifiesto que tanto el INEM (estatal) como el SAE (autonómico) son servicios que no funcionan como debieran. A pesar de sus recursos, más que suficientes, ambos institutos no han cosechado excesivo éxito en su tarea de sacar del paro a los desempleados. Su reforma, por tanto, parece no sólo necesaria, sino urgente. Otra cuestión es la manera de hacerla. Y ésta es la segunda consideración: de las manifestaciones del ministro de Trabajo se deduce que la línea a seguir pasa por endurecer las condiciones de los parados que cobran una prestación dada su situación. Siendo conveniente reconsiderar el sistema actual, sería en todo caso un error focalizar todos los cambios exclusivamente a este aspecto, ya que las dificultades para encontrar un empleo no se deben, generalmente, a la falta de voluntad de los parados, sino a la absoluta falta de conexión real de los servicios públicos con la realidad empresarial. Las únicas capaces de crear empleo son las empresas. Es necesario trabajar con ellas.

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