DEBATEN los ministros del área económica y social hasta dónde va a llegar la reforma de las relaciones laborales que el Gobierno piensa aprobar mañana. Unos consideran que debe llegar hasta el cinturón de los trabajadores y otros hasta el cuello. Se admiten apuestas.

Lo que no admite apuestas ni discusión es que el déficit público fue en 2011 un treinta por ciento superior al previsto por el Gobierno anterior y, por tanto, que hará falta un ajuste más duro que el contemplado en la sorpresiva subida de impuestos con que el Gobierno actual celebró el año nuevo. Ajuste que, no hace falta decirlo, frenará la reactivación económica y nos empujará al pozo de la recesión. Mariano Rajoy reapareció ayer en el Congreso para anunciar que habrá más paro en los próximos meses y el servicio de estudios del BBVA cifró la pérdida de empleos en unos dos mil por día, hasta alcanzar el 25% de la población activa a mediados de 2013.

A Rajoy hay que agradecerle la sinceridad por partida doble: por el reconocimiento de que no hay brotes verdes en el horizonte y por la asunción de la idea de que a su Gobierno lo juzgarán los ciudadanos por los resultados que consiga su política, no por la herencia recibida ni por lo que prometió que iba a hacer. "Este año será malo", resumió, por si alguien no se había enterado.

Hace varias semanas mi compañero en el columnismo Enrique García-Máiquez escribía que la pregunta peliaguda no es si saldremos o no de la crisis, que saldremos, sino cómo saldremos. Con buen criterio él estimaba que lo haremos por abajo, agachando la cabeza y conjugando infinitivos dañinos: trabajar más horas, cobrar menos, pagar más impuestos y tener menos derechos laborales y sociales. "La anhelada salida tiene un aire de dejarnos a la intemperie que echa, literalmente, para atrás", concluía.

Lo peor es que todo el castigo que nos espera lo aceptamos a cambio de una vaga esperanza de mejora de futuro. Se supone que con la reforma financiera los bancos van a tener que sacar al mercado las viviendas y promociones que se les han quedado colgadas y que lo harán a precios asequibles. Se supone que con la reforma laboral inminente las empresas despedirán menos y contratarán más al imponerse la flexibilidad. Se supone que la congelación salarial aceptada por los sindicatos reducirá los costes laborales y aumentará la productividad. Y se supone que todo esto en su conjunto dará al país la credibilidad que necesita para que la deuda a refinanciar no se dispare y los mercados e inversores confíen en la marca España.

Es lo que se supone, ya digo, y con esta suposición nutrida por el optimismo oficial nos disponemos a agachar la cabeza y acatar.