TRAS la comparecencia del pasado mes de julio en el Congreso del ministro de Fomento, José Blanco, en la que anunció un recorte general de las partidas de gasto de su departamento, ayer fue la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, la que ha venido a confirmar los detalles del tijeretazo que va a aplicar a corto plazo la Administración autonómica en sus principales capítulos de inversión en infraestructuras. Las noticias, obviamente, no son buenas: el recorte previsto afectará a un total de 33 proyectos -15 iniciados; 18 aún por comenzar- y supone un montante económico global de 849 millones de euros. Dicho anuncio, además, llama la atención por su puesta en escena: mientras el ministro acudió a dar los datos oficiales a los diputados de la correspondiente comisión parlamentaria, Aguilar ha optado en cambio por comunicarlos tras un Consejo de Gobierno, lo que, de momento, impide a los grupos políticos presentes en el Parlamento regional dar su opinión en la sede legislativa andaluza. Con independencia de este hecho, y evidenciando que la reducción en las inversiones regionales era una noticia más que previsible, la primera valoración sobre la medida no induce al optimismo. En los actuales tiempos de crisis cualquier recorte en este capítulo tendrá una evidente repercusión negativa en materia de empleo. No se sostiene pues la promesa de Rosa Aguilar de que las "reprogramaciones" -eufemismo técnico cuya insistente utilización sólo pretende evitar llamar a las cosas por su nombre- no afectarán a los puestos de trabajo en las empresas del ramo. La patronal andaluza de la construcción, Fadeco, de hecho, desmintió ayer esta afirmación y restó valor político al segundo argumento de la consejera, que sostuvo que los cambios en los contratos han sido "negociados" con el sector privado. Teniendo en cuenta que muchas empresas tienen desde hace tiempo problemas graves de liquidez, entre otras cuestiones por la dificultad de financiación, los inevitables retrasos en los pagos de las obras de la Administración serán motivo para nuevos ajustes laborales, además de no contribuir a la más que necesaria reactivación de la economía andaluza.