EDUCACIÓN, Urbanismo y Justicia son las tres in-competencias de la Junta de Andalucía que, en mi opinión, forman la versión mediterránea del Triángulo de las Bermudas. Pero, en esta ocasión, los que desaparecen misteriosamente no son barcos y aviones, sino los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Explicaré cómo he llegado a esta conclusión como cuando les leo un cuento a mis hijos, siendo consciente de que en este caso, como en tantos otros, la realidad supera a la ficción. Érase una vez unos papás que tenían una niña y un niño a los que querían muchísimo. Su mayor preocupación era darles una educación de calidad que les ayudase a desarrollarse como personas y les preparase para el futuro. Por ello se sintieron muy tristes al comprobar que el colegio de su localidad tenía importantes problemas: masificación, falta de profesorado, instalaciones inseguras, alumnado con necesidades educativas especiales sin atender y un largo etcétera de complicaciones. A todas y cada una de las reclamaciones que se hicieron durante años, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento respondieron pasándose la pelota y fue imposible avanzar en la búsqueda de soluciones. Una de las claves para eliminar los problemas era la construcción de nuevos colegios en el municipio, pero, ¡sorpresa!, y "en aplicación exhaustiva de la normativa urbanística", según el Ayuntamiento, no había en el pueblo una sola pastilla de terreno adecuada para la construcción de un colegio, a pesar del crecimiento hongo que había sufrido el municipio en los últimos años. Por cierto, que los papás se preguntaron dónde se iban a construir los institutos que pronto necesitarían todos los niños escolarizados en centros masificados y en casetas prefabricadas, pero pensaron que eso lo dejarían para otro cuento. Siguiendo con éste, el otro gran escollo era la falta de dinero. Esto último enfadó especialmente a los papás, ya que conocían el tamaño desproporcionado de la Administración Pública en Andalucía y habían oído que incluso se estaban regalando ordenadores a los niños.

Como vivían en un Estado de Derecho, los papás pensaron que, ante el flagrante incumplimiento de la legalidad vigente, la Justicia obligaría a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a construir los colegios necesarios y dotarlos de recursos suficientes, pero, tras consultar a varios abogados, supieron que, primero, los costes de los procesos legales son impredecibles, ya que depende de cuánto se alarguen y, segundo, que actualmente la Administración de Justicia está dando las citas para 2014. Y colorín colorado, este cuento... ¿se ha acabado?

Espero que no, afortunadamente este triángulo no es en absoluto misterioso, a no ser que adoptemos una actitud infantil ante los poderes públicos. Si nos comportamos como adultos y analizamos la realidad desde una perspectiva madura, veremos que la solución la tenemos a nuestro alcance. Lo primero, hemos de asegurar la alternancia propia de la democracia, para que nuestros gobernantes sientan la obligación de rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos y de cumplir lo que prometen en campaña, ya que si no lo hacen, los ciudadanos votaremos a otros. Sería en la práctica acabar con lo que, los que saben de política, llaman acertadamente suelo electoral, que son aquellos ciudadanos a los que los partidos políticos pueden pisotear sin contemplación y nunca se moverán de ahí. Lo segundo, exigir en los programas electorales la racionalización del funcionamiento de la Administración Pública, que se replantee toda la distribución de competencias, sin límite alguno, y que en cada decisión que se tome, en cada euro que se gaste o invierta, el político responsable esté obligado a responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo va a mejorar esta decisión, gasto o inversión la vida de los ciudadanos?¿Habría alguna otra forma más eficiente de llegar al mismo resultado? Así de simple, como se hace fuera del universo paralelo que forman la Administración Pública y los políticos que la lideran, aplicando el sentido común.

Sin embargo, no hay que pensar sólo en nuestra capacidad para votar, actuar cada cuatro años sería insuficiente. Como ciudadanos tenemos herramientas que las democracias más avanzadas que la nuestra utilizan a la perfección y son un vehículo magnífico para hacer llegar a la clase política de una forma constante las necesidades de los ciudadanos, para hacer política entre todos. Me refiero a la capacidad para asociarnos, crear fundaciones, grupos de presión, afiliarnos a los distintos partidos políticos. En España aún estamos en ratios muy bajos de participación ciudadana respecto a los países desarrollados. Incluso dentro de España hay grandes diferencias entre las regiones, estando de nuevo Andalucía en los puestos de cola en cuanto a la solidez de su tejido asociativo.

Hemos de desterrar cuanto antes de nuestras conciencias la idea de que nada de lo que hagamos cambiará la sociedad en la que vivimos, la política no pertenece a los políticos, pertenece a los ciudadanos, nos pertenece. La alternativa es no tener colegios. Ustedes mismos.