La otra orilla

Otra vez la pobreza energética

Llega el frío y con él la dificultad de muchas familias para poder calentarse. Y es que la pobreza energética sigue siendo un problema en nuestro país para cerca de cinco millones de personas. Un 10% de los hogares tienen dificultades para mantener su casa caldeada durante el invierno, según los datos ofrecidos el año 2016 por Eurostat. Estamos ante una lacra social que mata y causa enfermedades a la que no hay derecho. Mientras esto ocurre, el Ministerio de Energía anunciaba un aumento del 10% del precio de la electricidad con respecto al pasado año. En lugar de proteger a los que menos tienen, permite que las empresas eléctricas, ya de por sí ricas, se sigan enriqueciendo a costa del contribuyente.

La luz sube, el gas sube, los sueldos son paupérrimos, el trabajo precario y miles de familias pasan frío, mientras discutimos y debatimos sobre lo anticonstitucional de la independencia catalana y el desafío a nuestra ley de leyes que ha supuesto la acción política del Gobierno y el Parlamento de Cataluña. Pero nuestros políticos, esos que hoy homenajearán en su Día nuestra Constitución, no abren la boca para manifestar lo anticonstitucional que es que las personas no puedan tener calefacción en sus hogares, que las personas no puedan pagar la luz por los precios abusivos de las eléctricas. Nadie levanta la voz por lo anticonstitucional de vivir en la calle, desahuciado por los bancos que no cumplen el artículo de la Constitución que habla del derecho a una vivienda digna. En estos casos el fiscal no denuncia a los que permiten que la gente sufra el frío del invierno por no tener recursos económicos. No vemos a banqueros ni ejecutivos de las grandes empresas energéticas en la cárcel por atentar contra derechos constitucionales. En ese caso la Constitución no vale. No se apela a ella, ni se aplican artículos como el 155 para preservar los derechos de los más empobrecidos, los derechos de esos cinco millones de españoles que pueden morir de frío o por un accidente provocado por estufas de gas o velas mal apagadas. No podemos permitir este sinsentido. Si el Estado no sirve para proteger a los más débiles ¿para qué queremos Estado? Es necesario que los gobernantes y las empresas que se enriquecen a nuestra costa se hagan responsables y busquen soluciones efectivas para que la luz, el agua y la calefacción sean un derecho inalienable que no se pueda conculcar.

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