EL Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, en su condición de Defensor del Menor, dio ayer un toque de atención sobre un problema social sobre cuya gravedad no hace falta insistir: la violencia de los hijos contra sus padres. El informe del Menor correspondiente al año 2014, entregado por Maeztu al presidente del Parlamento, no deja lugar a dudas. El número de sentencias impuestas a adolescentes andaluces por casos de maltrato filioparental ha aumentado un 60% en cinco años, según los datos oficiales que maneja el Poder Judicial. De esta manera, el 16% de los delitos cometidos por menores en Andalucía son actos de violencia hacia sus progenitores. Es una cifra sombría, y más refiriéndose a un tipo de violencia que suele quedar en el ámbito privado y no sale a la luz pública, en niveles tan elevados o más que el relativo a la violencia de género. Se trata de una violencia específica, originada fundamentalmente en tres tipos de situaciones: los que padecen algún tipo de adicción que no puede ser atendida por los recursos de que disponen las familias, los que sufren trastornos relacionados con problemas de salud mental y los que son educados en un ambiente de mucha permisividad y escasa atención por parte de los padres, que a la larga son víctimas de sus propias pautas de relación familiar con el menor. Los crecientes episodios de violencia filioparental ponen de relieve la crisis social y de valores que afecta a toda la sociedad andaluza, aunque sus brotes se ven favorecidos por la persistencia de la crisis económica y la penuria familiar que impide la satisfacción de las necesidades y exigencias de los niños y adolescentes. El Defensor del Menor andaluz estima necesario que se actúe desde el primer indicio de maltrato del menor contra sus padres, ya que ello hará viable la reconstrucción de la vida familiar dañada por el conflicto que está en la base de esta violencia, al tiempo que reclama una mejor preparación de los trabajadores de los servicios sociales a fin de que sepan dar la respuesta especializada al problema. El informe de Maeztu constata, por otra parte, que durante el año 2014 se atendieron por la Defensoría andaluza 2.889 quejas y consultas por la vulneración de los derechos de los menores, entre las que destacan las relacionadas con la educación, especialmente las vinculadas a los problemas de escolarización y las carencias en la atención a alumnos con necesidades educativas específicas, así como las situaciones de riesgo y exclusión social. Son deficiencias que se repiten. Pero ninguna reviste la gravedad ni el aumento que los casos comentados de agresión de los menores a sus padres. La alarma de Jesús Maeztu no debería caer en saco roto.