Cataluña: luces de alarma

Las autoridades autonómicas de Cataluña intentaron ayer amedrentar e instrumentalizar la Justicia

Lo ocurrido ayer en Barcelona, en torno al juicio contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas por desobediencia al Tribunal Constitucional, hay que encajarlo en una doble perspectiva: por un lado, es una nueva demostración de fuerza en la calle en el permanente pulso que el separatismo catalán le está echando al Estado; por la otra, es un intento de amedrentar a la Justicia y de instrumentalizarla con fines propagandísticos. Ni más ni menos. Intentar analizarlo desde otros puntos de vista es un empeño inútil. Sin rasgarse las vestiduras, pero sin minusvalorar la importancia de lo que está pasando en Cataluña, la escalada que lleva a cabo el soberanismo es como para que se enciendan todas las luces de alarma en el cuadro de mandos del Gobierno. Las autoridades autonómicas catalanas están a un paso, si no lo han dado ya, de entrar en rebeldía contra el orden constitucional. Rajoy ha dado sobradas muestras en este contencioso de la que es su principal línea de actuación ante los grandes problemas: aplicar enormes dosis de paciencia y no hacer nada irreversible en la confianza de que el tiempo termina poniendo las cosas en su sitio. No hay que negar que esta táctica le ha dado en general buenos resultados y ahí está, al frente del Ejecutivo tras superar once meses de interinidad. Pero lo que está pasando con el intento de secesión, simbolizado en la marcha que las principales autoridades autonómicas realizaron ayer junto a los encausados que iban a sentarse en el banquillo acusados de un presunto delito, parece que rebasa los límites de la racionalidad.

No era un determinado partido político ni un movimiento social el que le daba amparo a Mas y a sus colaboradores camino de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Era la máxima representación del Estado en esa comunidad -encarnada en su Gobierno y su Parlamento autonómico- la que daba respaldo expreso a un delito grave, como es la desobediencia al máximo garante del orden constitucional. ¿En un contexto así y con comportamientos como los que se vieron ayer cabe esperar mucho de las apelaciones al diálogo? Parece que, desgraciadamente, no. Es evidente que ni el referéndum separatista se va a realizar ni Cataluña va a ser un país independiente. Ni el Estado, gobierne quien gobierne, lo puede permitir ni la comunidad internacional lo toleraría. Las autoridades catalanas, en medio de una ofensiva propagandística que están manejando con habilidad, están en los terrenos de la ilegalidad. La respuesta, en cambio, hay que darla desde la legalidad, pero no puede ser débil.

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