El procés es ya historia. La puesta en marcha del artículo 155, que algunos creían que iba a ir acompañada de importantes desórdenes públicos, está siendo por ahora plácida y sin apenas incidentes. Ayer, sólo el ex consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Josep Rull acudió a su antiguo despacho como ministro de la nueva república catalana. Duró poco. Cuando un mosso le informó de que podía incurrir en un delito de usurpación, abandonó las dependencias, se fue a una reunión del PDeCat y no se supo más de él. Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, uno de los cerebros del golpe al Estado de Derecho que, pese a su alto cargo constitucional, no tuvo ningún empacho en vulnerar la Constitución, el Estatut y el propio reglamento de la Cámara que presidía, también acató la autoridad del Gobierno y dio por disuelto el Parlamento autonómico catalán. Asimismo, el relevo en el mando de los Mossos se ha realizado sin ningún incidente destacable y todo indica que el cuerpo policial, cuya acción durante los últimos meses ha sido puesta en cuestión por la Justicia y las otras fuerzas de seguridad del Estado, va a ser a partir de ahora un fiel servidor de la legalidad vigente, algo que nunca tuvo que dejar de ser.

Para rubricar el fin del procés, dos de los partidos que lo han impulsado, PDeCat y ERC, se apresuraron a anunciar que se presentarán a las elecciones convocadas por Rajoy para el 21 de diciembre. Es decir, que aunque retóricamente dicen que la aplicación del 155 ha sido un golpe de Estado, en la práctica no tienen ningún empacho en legitimarla. Cada vez queda más claro que la convocatoria de elecciones ha sido una jugada maestra de Rajoy que ha desbaratado la estrategia de resistencia civil que tenían prevista los independentistas.

Sin embargo, cuando en España todo parecía volver poco a poco a la normalidad, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cinco de sus ex consejeros viajaron a Bruselas tras conocer que el fiscal general del Estado ha iniciado una querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación. Puigdemont se retrata al fugarse como un delincuente a Bélgica con el apoyo del partido nacionalista flamenco N-VA, de corte xenófobo, y al contratar al abogado Paul Beckaert, que defendió a varios miembros de la banda terrorista ETA para impedir su extradición. El procés ha derivado en un claro esperpento que tendría gracia si no fuese por el gravísimo daño que se le está haciendo a la sociedad catalana, en particular, y a la española, en general.