La intensa reunión que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, mantuvo este jueves en Granada con las plataformas críticas con el modelo de fusión hospitalario que el SAS ha implantado en la ciudad tiene un especial simbolismo, no sólo por lo que supone de "rectificación" en la gestión sanitaria, sino por el mensaje que lanza a toda Andalucía sobre una Administración que es capaz de reconocer errores, admitir el "fracaso" de un proyecto y tomar medidas que den respuesta tanto a los ciudadanos como a los profesionales. Una hoja en blanco que se afrontará con celeridad y firmeza y que ha de contribuir a desactivar el peligroso clima de opinión que parece haberse instalado en nuestra comunidad sobre la degradación de la asistencia sanitaria. Porque fue en Granada donde comenzó la movilización social, con un eco desmedido e incontrolable en la redes sociales, pero ya se ha contagiado a otras ciudades como Huelva, Málaga o La Línea, extendiendo la legítima preocupación ciudadana sobre la calidad y el futuro de lo que hasta ahora ha sido una de las principales banderas de la gestión del PSOE al frente de la Junta.

Las quejas en Málaga se han multiplicado también. Desde los médicos jubilados, a las organizaciones sindicales. Sin ir más lejos, ayer comenzó a circular un escrito para recoger firmas, auspiciado por la Plataforma por la Calidad de la Sanidad Malagueña, que exige un plan de inversiones en infraestructura y personal para frenar el "deterioro" que sufre el servicio. Un documento que recuerda los retrasos y las promesas incumplidas por el Gobierno andaluz desde 2009. El día anterior, Comisiones Obreras denunció que la provincia cuenta con el peor ratio de camas por habitante de la región. La política debe estar al servicio de la gestión; la capacidad de diálogo y la responsabilidad institucional para facilitar la vida de los andaluces; no para complicarla. El diálogo abierto en Granada sienta las bases para el desbloqueo y debe extenderse a otros territorios al objeto de que sean efectivas las indicaciones que emanan del Gobierno andaluz para blindar la sanidad pública y de calidad, como una seña de identidad de esta comunidad y que impida su instrumentalización política.

Por encima de personalismos, de acusaciones de manipulación y de los múltiples intereses que convergen en un tema tan sensible como este, la realidad es que la crisis sanitaria no ha dejado de agravarse en estos últimos años. Vivimos tiempos en los que ni se puede minusvalorar el impacto de la movilización social ni nos podemos permitir como sociedad unas instituciones sin capacidad y agilidad de respuesta.