Si hay unos centros, por delante de otros, en los que los ciudadanos demanden todas las garantías de seguridad, esos son los colegios y los hospitales. Escolares y pacientes -junto a los profesionales que con ellos desarrollan su labor en esos edificios- no deben tener la más mínima duda de que en las instalaciones de unos y otros se dan las condiciones óptimas para que en su interior no ocurra más que lo que está previsto: enseñar y educar a los estudiantes en unos, y tratar e intentar sanar a los enfermos en los otros. Desgraciadamente, no es así. Se pueden registrar algunos accidentes inevitables, producto del azar, pero hay que reducir al máximo -si no eliminarlos del todo- aquellos otros que acontezcan como consecuencia de una gestión incorrecta, de un mantenimiento inadecuado o inexistente de los servicios, maquinaria e instalaciones, y de la negligencia de quienes desempeñan algunas de las competencias profesionales que tienen asignadas en su quehacer diario en un centro escolar o en un centro sanitario. En este punto, las autoridades están obligadas a proporcionar y dotar de unas plantillas bien dimensionadas, correctamente estructuradas y perfectamente organizadas al objeto de evitar el estrés de unos profesionales a los que se exige una concentración máxima, pues de su trabajo depende el buen funcionamiento de los centros y, lo que es más importante, la atención de las personas a las que están dedicados. No es así en demasiados casos, y las protestas en este sentido tanto de profesionales como de usuarios han proliferado en los últimos años, especialmente de una forma más virulenta alrededor de la sanidad pública andaluza. El oleaje de la Marea Blanca ha alcanzado a veces proporciones de mar gruesa. La tragedia del Hospital de Valme, de Sevilla, con la muerte de la joven Rocío Cortés, de 25 años, poco después de haber dado a luz, al quedar atrapada en un ascensor, viene a arrojar más sombras sobre el estado de algunas infraestructuras hospitalarias que a los ciudadanos les gustaría ver despejadas cuanto antes. Es cierto que instrumentalizar políticamente un drama como el del hospital hispalense es una bajeza que no debe tener cabida en la contienda parlamentaria, pero también lo es que la Administración, en este caso el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tiene que esclarecer lo ocurrido y poner todos los medios a su alcance para que algo así no se repita en ninguno de sus centros. Los colectivos que aglutinan y movilizan el malestar de no pocos andaluces hacia la sanidad pública han puesto el dedo acusador en los recortes que han mermado el mantenimiento de las instalaciones hospitalarias como causa del fatal accidente. El SAS está obligado a demostrar, convenciendo, que éste y el resto de sus centros en toda la comunidad son seguros.