Sin complacencia respecto al desafío catalán

Un mes después de la aplicación del artículo 155, el balance es positivo y el separatismo se ha desacreditado, pero la crisis no está resuelta

Hoy se cumple un mes desde la aplicación por el Gobierno de las medidas autorizadas por el Senado en virtud del artículo 155 de la Constitución para actuar contra el desafío secesionista que dio lugar a una declaración unilateral de independencia en el Parlament. El balance de este mes es claramente positivo: las instituciones catalanas siguen funcionando normalmente bajo la tutela del Ejecutivo central y el acierto de convocar de inmediato elecciones autonómicas ha tenido los efectos deseados. En poco más de una semana, comenzará la campaña electoral y los censados en Cataluña votarán el próximo 21 de diciembre, en libertad, con todas las garantías jurídicas y la trasparencia de la que careció la consulta ilegal del primero de octubre. El propio Gobierno admite, al hacer balance del efecto que la respuesta del Estado ha tenido, que la normalidad es la nota dominante y pone el énfasis en que también ha servido para desmontar "la patraña" del denominado procés, que considera atajado. Ciertamente, la destitución del Govern, la huida de Carles Puigdemont a Bélgica para eludir la acción de la Justicia o la estrategia de defensa de los acusados de convertir en "simbólica" la declaración unilateral de independencia y de asumir ante los jueces la aplicación del artículo 155 han contribuido a desacreditar aún más de lo que estaba el delirio de poder ejecutar una secesión violentando la legalidad y con reconocimiento internacional. Pero, aun siendo correcto el diagnóstico que hace el Gobierno del Reino, no debe caer en la complacencia. Y mucho menos en la autocomplacencia. Porque ni las medidas aplicadas dejan definitivamente resuelto el conflicto, ni la sociedad catalana ha recompuesto la brecha que la divide en dos -a favor o en contra de la independencia- ni se han revertido los tremendos efectos económicos que todavía tiene para esa comunidad autónoma y todo el país, ni siquiera conocemos el resultado electoral del 21-D, que es una incógnita que hay que despejar ineludiblemente antes de saber cómo evolucionará esta crisis institucional, la más grave de la democracia que ha vivido España desde 1977, más que el propio golpe fallido del 23 de febrero de 1981. Las incertidumbres sociales, políticas y económicas permanecen y ponen en riesgo el futuro inmediato de toda la nación. Toca seguir por la senda de la prudencia, asegurando unas elecciones limpias, acertando al interpretar el resultado que arrojen las urnas y recuperando una agenda de reformas -incluyendo la de la propia Constitución- para conjurar, si no definitivamente, sí por mucho tiempo, este dislate.

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