El conflicto catalán dio ayer un nuevo giro dramático con la prisión incondicional para los ocho ex consejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el ex vicepresidente, Oriol Junqueras. La decisión tomada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela es ajustada a derecho y está perfectamente fundamentada. Hay pruebas más que suficientes para pensar que todos los que ayer ingresaron en la cárcel urdieron un plan para separar a Cataluña de España y, además, existían evidencias de que éstos podían fugarse de España para eludir la acción de la Justicia. En ese sentido, la huida del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bruselas y su negativa a acudir ayer a declarar ante la juez ha dado un argumento de peso para el encarcelamiento de sus antiguos compañeros de Gobierno.

Como era de esperar, ya desde ayer empezaron a llover duras críticas a la acción judicial, no sólo por parte de los independentistas catalanes, sino por buena parte de otros nacionalismos subestatales y de la izquierda radical. En resumen, éstas suelen incidir en la politización de la Justicia española y en la inconveniencia de la existencia de la Audiencia Nacional, a la que acusan de ser algo así como una reedición de los Tribunales de Orden Público bajo el franquismo. Pero lo que pasa es justamente lo contrario. Lo que demuestra la decisión de la juez Lamela es justo lo opuesto, que la política y la Justicia van en España por caminos distintos, cada una por el suyo. A nadie con un poco de perspicacia se le escapa que, una vez aplicado el artículo 155, al Gobierno de España le convenía la máxima tranquilidad en las calles, evitar mártires y no dar motivos a los independentistas para su movilización. El encarcelamiento de los ocho ex miembros del Govern conseguirá el efecto contrario.

Los nacionalistas tienen desde ayer ocho nuevos argumentos -demagógicos y falsos, sí, pero argumentos- para intentar seducir a su potencial electorado y a la prensa extranjera de que España es un país en el que existen presos políticos y en el que no se respeta la decisión de las urnas. No hay duda de que al Gobierno se le ha complicado la gobernación de una Cataluña que en los próximos días será una auténtico volcán político. Pero no había alternativas. Un Estado de Derecho como el español debe respetar escrupulosamente las decisiones judiciales, pese a que estas sean inconvenientes para sus intereses políticos. Aunque parezca paradójico, el encarcelamiento de los ocho políticos catalanes es una prueba de la calidad democrática de España.