El Gobierno de la nación estudia en la actualidad incluir la llamada casilla lingüística en los folletos de preinscripción de los centros de enseñanza catalanes para que alumnos de esta comunidad tengan el derecho a escoger el castellano como lengua vehicular de sus estudios, algo que en la práctica es actualmente imposible. En caso de que, finalmente, se decida a hacerlo, el Ejecutivo no estará más que cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, en la que se obligaba a que el castellano fuese, junto al catalán, una de las lenguas vehiculares en la educación. Sin embargo, la Generalitat, como tiene por costumbre, se ha negado sistemáticamente a acatar la decisión del Alto Tribunal, usando la lengua vernácula de la región como un arma política arrojadiza y como una forma de unificación y catalanización de los estudiantes. Ahora, en virtud del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno tiene en su mano revertir esta situación y hacer que la ley y el sentido común se respeten en los centros de educación catalanes.

El que un estudiante español tenga derecho a estudiar en español (como universalmente se conoce al idioma castellano) en España podría parecer una perogrullada, pero las situaciones a las que nos ha llevado el nacionalismo suelen rozar, en muchos casos, el más completo de los absurdos. Nadie pone en duda el derecho de los escolares de esta comunidad a elegir el catalán, una histórica y hermosa lengua que está reconocida por la Constitución y que enriquece el acervo lingüístico de España. Pero los nacionalistas deben comprender que Cataluña, debido a su historia, es un territorio complejo y plurilingüístico donde son cientos de miles las personas que quieren -y tiene derecho- a desenvolverse cotidianamente en castellano, tanto en sus estudios como en sus lugares de trabajo o de ocio. No se trata de elegir uno u otro, sino de compartir los dos idiomas como hacen a diario la gran mayoría de los ciudadanos sin mayor conflictividad, por lo menos antes de que el procés lo pusiese todo patas arriba.

La lengua debe dejar de ser un motivo de enfrentamiento político y un elemento de discordia civil. Pero esto pasa, haciendo un guiño a la historia, por elevar al rango de lo políticamente normal lo que en las calles de Cataluña es normal. Además, el Gobierno de España tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias judiciales. Devolver a los niños catalanes su derecho de estudiar en español es una manera de hacerlo.