Las presiones en el caso Junqueras

Por el propio imperio de la Justicia los magistrados no pueden valorar las consecuencias políticas de sus decisiones

La sala de apelaciones del Tribunal Supremo decidirá probablemente hoy si el hecho de que se hayan celebrado las elecciones catalanas, en las que el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, se presentó como candidato a la Presidencia, juega a favor del ex vicepresidente, como defiende su abogado, o si ha de seguir en prisión preventiva ante la posibilidad de que vuelva a reincidir. Junqueras ha alegado que es un hombre religioso y "de paz", y ha apelado a su "civismo" para convencer al tribunal de su excarcelación. También ha insistido en su apuesta por el diálogo, por "la vía negociada" y, en definitiva, por apartarse de la vía unilateral independentista. Ahora corresponde a los tres magistrados que componen la sala de apelación de lo Penal -y sólo a ellos- tomar una decisión ajustada a Derecho, pero que inevitablemente condicionará su intención de presidir la Generalitat si finalmente, como todo parece indicar, Carles Puigdemont se mantiene huido en Bruselas tras ser imputado por la Audiencia Nacional. De la libertad o mantenimiento de Junqueras en prisión van a depender los próximos pasos que den los separatistas. Han sido muchas son las voces que en las últimas semanas han resaltado que con el líder de ERC encarcelado sólo se beneficia a Puigdemont. Conviene, en este contexto, como recordó la Fiscalía, resaltar que la independencia judicial y la separación de poderes no pueden cuestionarse. El Estado de Derecho, en este caso, está funcionando según sus propias reglas y de una forma admirable. Por el propio imperio de la Justicia los magistrados no pueden entrar a valorar las consecuencias políticas de sus decisiones: la leyes están para que sean cumplidas por todos sin excepción. Si de verdad Junqueras considerara que su puesta en libertad podría ayudar a normalizar el conflicto catalán, como defendió ayer, ha tenido muchas oportunidades de hacerlo cuando formaba parte del Gobierno de la Generalitat. El Ministerio Público recordó durante la vista que su candidatura no puede considerarse sin más "una moneda de cambio" ni un "salvoconducto" que le libre de sus posibles responsabilidades penales. La opción independentista no es ilegal, pero sí lo es el incumplimiento de las leyes, y el Alto Tribunal lo que ha de dilucidar ahora es si existe el riesgo de reiteración delictiva por parte del líder de ERC, no sólo respecto al delito de rebelión, sino también del de sedición y malversación de caudales públicos. Si de verdad constatan los jueces que la posibilidad de nuevos ataques a la Constitución ha desaparecido, lo dejarán en libertad, pero esta decisión sólo ha de ser posible si Junqueras les ha convencido de que su cambio de voluntad es verdadero y real, no por presiones añadidas.

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