Tras suspender Mariano Rajoy a Carles Puigdemont al frente de la Generalitat y a todo el Govern, en cierto modo, se respiró un cierto clima de tranquilidad alrededor del conflicto catalán. Algo así como una minitregua hasta el 21-D. Pero el ingreso en prisión de Junqueras y los ex consellers -un hecho sin precedentes en las últimas décadas- ha vuelto a poner los sentimientos a flor de piel en Cataluña devolviendo el separatismo a la calle. Nadie puede discutir la extrema gravedad de los delitos que se les imputan, pero la celeridad de la juez Lamela y la disparidad de criterios judiciales entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, esto es, el trato desigual ante los mismos posibles delitos, genera ciertas dudas y alimenta a quienes únicamente se agarran a los sentimientos. Muchos dirigentes políticos han criticado a la magistrada por el impacto de los encarcelamientos, esgrimiendo que llegan en el peor momento, pero precisamente lo que se vuelve a constatar es la independencia de la Justicia y la separación de poderes. Sólo faltaba que los jueces tuviesen que atenerse a las consecuencias políticas antes de firmar sus sentencias.

Aun así, muchos dirán que la Justicia sirve en bandeja la excusa para que los dirigentes independentistas, con el apoyo decidido de Ada Colau, se conjuren desde la unidad y aparquen las notables diferencias que existían en su seno, tras la patética espantada de Carles Puigdemont a Bruselas. El horizonte esta semana, a priori, no puede ser más desolador. Incluso en el seno del PSC han puesto el grito en el cielo. Con los líderes independentistas entre rejas, la movilización soberanista se verá reforzada con nuevos argumentos para hablar de represión sin admitir sus delitos y ahondando en su victimismo con vistas a la campaña del 21-D. Pero en el fondo, también ha quedado de manifiesto que quien le echa un pulso al Estado, más pronto que tarde, lo pierde. Y esta reflexión también será tenida en cuenta con vistas a las próximas elecciones.