Absuelven al exalcalde de Benalmádena de un delito de prevaricación administrativa

  • Enrique Bolín había sido denunciado en 2009 por el ayuntamiento de la localidad

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El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha absuelto al exalcalde de la localidad malagueña de Benalmádena Enrique Bolín del delito de prevaricación administrativa del que había sido acusado en relación con la anulación de la liquidación del impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos que debía pagar el que fuera primer teniente de alcalde de dicho municipio José Nieto.

Según se declara probado en la resolución, el entonces edil pidió verbalmente en la Intervención Municipal la anulación de la liquidación a su nombre por la venta de un inmueble, alegando que no le correspondía pagarla por haberse recogido en las escrituras que el pago de la plusvalía correspondía al comprador, así como que la deuda tributaria, que ascendía a 1.708 euros, había prescrito.

En abril de 2004, Bolín, según la sentencia, dictó una resolución administrativa acordando anular dicha liquidación "en la creencia de que la petición era legítima, conforme a lo expuesto por éste y en los documentos que le exhibió". Así, el juez le absuelve, al "no existir prueba de cargo suficiente como para enervar la presunción de inocencia que asiste al acusado".

El magistrado señala que el interventor emitió un informe negativo a la petición realizada, el cual se dio traslado al exregidor, quien dictó una resolución en contra de lo informado. Bolín declaró que la decisión la tomó antes de conocer el informe emitido por el interventor y que lo hizo según las escrituras y la documentación en la que se fundó la petición, que le fueron enseñadas.

Aunque apunta que la decisión adoptada "no respeta lo informado por el interventor" se señala que ello "tampoco demuestra el hecho de que adoptase su decisión a sabiendas de que la misma era arbitraria e injusta", no entendiendo probado, por tanto, "el conocimiento e intencionalidad del señor Bolín en prevalerse de su condición para dictar una resolución a sabiendas injusta".

La Fiscalía le acusó de un delito de prevaricación administrativa y solicitó la inhabilitación para empleo o cargo público por ocho años y una indemnización al Ayuntamiento de 1.708 euros. La acusación particular, en nombre del actual alcalde socialista, Javier Carnero, le acusó del mismo delito y pidió las mismas penas. Bolín ha señalado que se trata de "una persecución por parte del actual alcalde, que no se confirma".

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