Afectados por el PGOU marbellí se manifestarán otra vez el martes

  • Reprochan que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, no los ha recibido pese a su compromiso

Los propietarios de viviendas ilegales de Marbella y los diseminados de la Vega del Guadaiza han decidido entrar en la campaña electoral con el objetivo de lograr apoyos para sus reivindicaciones urbanísticas. Ayer, la plataforma de afectados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la creada por los 300 vecinos que podrían ser expropiados por el desarrollo del Plan Guadaiza de la Junta de Andalucía, anunciaron que el martes volverán a manifestarse para exigirle a las administraciones públicas que se comprometan a "solucionar" los problemas que existen actualmente con sus propiedades.

El portavoz de la plataforma de afectados por el PGOU, José Ortiz, señaló que también han decidido protestar públicamente porque su colectivo no ha sido recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a pesar de que el comisionado de la Costa del Sol, Diego Martín Reyes, les aseguró que los atendería antes de las pasadas navidades. La misma queja fue formulada por la representante de la plataforma de afectados por el Plan Guadaiza, María del Carmen Blanco, que criticó el "silencio" que mantiene el Gobierno autonómico sobre este asunto debido a la proximidad de las elecciones.

Asimismo, Ortiz arremetió contra los dirigentes del PSOE que se han mostrado a favor de que sean los compradores de buena fe quienes paguen las compensaciones por regularizar sus casas ilegales.

Aunque todavía están pendientes de que la Subdelegación del Gobierno en Málaga expida los permisos para poder realizar la marcha, los convocantes animan a todos los vecinos a que se sumen, porque es "la única forma de defender esta ciudad".

Si en la primera protesta que organizaron, que se celebró el pasado 10 de octubre, participaron más de 2.000 personas, ahora confían en que también intervengan las distintas formaciones políticas y la federación de asociaciones de vecinos de Marbella.

Por otra parte, el portavoz de los afectados del PGOU apuntó que el debate suscitado en el último año sobre el porvenir de las viviendas ilegales ha sido "un teatro de confusión", que les ha hecho sentir "infelices y desdichados". Además, lamentó que en el nuevo documento urbanístico no se pueda mantener el complejo Banana Beach, pero "a tan sólo 100 metros, se han proyectado tres torres de 14 plantas".

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