Almáchar baraja acudir a la Fiscalía por el instituto de Benamocarra

  • El alcalde cree que se están vulnerando los derechos de los niños de su municipio · Gámez lamenta los "perjuicios" del enfrentamiento entre Lucena y la Junta de Andalucía

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El Ayuntamiento de Almáchar está estudiando acudir a la Fiscalía de Menores para poner en conocimiento la situación que viven los 200 alumnos del IES La Maroma de Benamocarra que tras ser precintado por el Consistorio de esta localidad, tienen que dar clases en aulas prefabricadas en otro centro de Torre del Mar. Con esta medida, el alcalde, José Gámez (IU), pretende que se depuren las responsabilidades que pudieran tener su homólogo de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PP), y el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Escámez, "como responsables de los problemas que padecen los alumnos de su pueblo a causa del conflicto que ambos protagonizan, entendiendo que se están vulnerando los derechos de los alumnos de su municipio".

El regidor almarchareño explicó que ha pedido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe que avale esta decisión y ha lamentado "los graves perjuicios que está causando el enfrentamiento entre Lucena y Escámez, que no es más que una confrontación entre PP y PSOE, partidos a los que pertenecen, respectivamente". El Instituto de Enseñanza Secundaria La Maroma de Benamocarra acoge a unos 200 niños de los que más de 31 pertenecen al municipio de Almáchar y "se ven obligados a viajar hasta unos barracones instalados en Torre del Mar para poder asistir a clase, con los perjuicios que ello supone en la calidad educativa".

Para Gámez, el conflicto en el que están inmersos alumnos, padres y la comunidad escolar tendría que estar ya solucionado "si no fuera porque sus principales promotores, el alcalde de Benamocarra y el delegado de Educación, siguen enfrentándose". El instituto La Maroma, que acoge a niños de Benamocarra, El Borge, Almáchar e Iznate, entró en funcionamiento en 2008 y fue precintado por el Consistorio alegando "deficiencias estructurales" corroboradas por informes del Consorcio Provincial de Bomberos y del arquitecto municipal. Un extremo que ha sido negado por la Junta de Andalucía. "La disputa que mantienen los representantes de ambas administraciones es si se debe hacer un acta nueva o complementaria de ocupación, algo que es indiferente porque para hacer cualquiera de los dos modelos es necesario convocar a los mismos integrantes, por lo que lo importante es que se celebre la reunión cuanto antes y se normalice la situación, opinó Gámez, quien criticó que "ambos dirigentes no dan marcha atrás por prurito político y judicial" y "mi responsabilidad como alcalde de Almáchar es defender y proteger a los niños de este municipio".

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