Anticorrupción se suma a la acusación de CajaSur contra Rafael Gómez y Jurado

  • Las demandas de la Fiscalía aluden también a delito fiscal, estafa y falsedad documental

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La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que ha decidido presentar dos nuevas querellas contra el empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de Arenal 2000, y contra el ex director general de CajaSur Francisco Jurado por los mismos hechos que se relatan en las denuncias que la entidad bancaria cordobesa ha interpuesto contra estas dos personas en los últimos días. La novedad sin embargo es que las demandas de la Fiscalía no sólo mencionan un delito de administración desleal, como ocurre en las de CajaSur, sino que también se alude a presuntos delitos de falsedad documental, estafa y delito fiscal. Las querellas de Anticorrupción van además dirigidas contra cuatro personas más: un arquitecto (que todo apunta a que es José Manuel García Pérez, propietario de la firma malagueña Miramar 27 y relacionado con Gómez) y otras tres personas que podrían estar involucradas en el asunto del ex director general, aunque, según las fuentes consultadas, son ajenas a la caja.

Pese a que las querellas contra Rafael Gómez y Francisco Jurado se han presentado al mismo tiempo, se trata en principio de dos supuestos hechos delictivos distintos. A Rafael Gómez se le atribuye en concreto el pago de una alta cantidad en agosto de 2004 a la citada Miramar 27 para que esta compañía hiciese de intermediaria ante el Ayuntamiento de Manilva con el fin de que se recalificasen unos terrenos de la empresa Arenal Sur 21, que en ese momento era propiedad conjunta del propio Gómez y CajaSur, aunque quien tenía el control directo de la firma era el empresario. Según la querella de la entidad bancaria, lo que pretendía el propietario de Arenal 2000 era conseguir que aquellos terrenos pasasen a tener unos aprovechamientos de 39.000 metros cuadrados, cuando en principio tenían 4.200. Ese aumento sería del 942 por ciento y estaría muy por encima de lo que marca la ley. CajaSur le reclama ahora por aquellos hechos 849.000 euros a Gómez y la misma cantidad a García Pérez.

Fuentes del Ayuntamiento de Manilva confirmaron ayer a este diario que el arquitecto García Pérez presentó una petición de recalificación en noviembre de 2004, aunque no supieron decir qué pasó exactamente con aquellos trámites y con los terrenos. Del mismo modo, señalaron que la petición hecha a través del propietario de Miramar 27 aludía a un convenio anterior del que tampoco se conoce nada más. En 2004, el alcalde de Manilva era Pedro Tirado, ex miembro del GIL, que fue detenido un año después en la operación Ballena Blanca.

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