La Junta de Andalucía tiene inventariadas en la Axarquía 12.697 viviendas irregulares. Los ecologistas cifran en 22.000 las construcciones en suelo no urbanizable. Los alcaldes de la comarca, a la vista del decreto, cuestionan si los problemas a los que se enfrentan ayuntamientos y vecinos a diario quedará satisfecha con su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Mientras que para unos es una "medida electoralista", para otros es "la solución" que esperaban desde hace años. "Sacarlo en estos momentos es electoralista y está lejos de dar solución a las casas irregulares. Es una realidad que la Junta conoce desde hace mucho tiempo y de la que también se ha beneficiado. Tenían que haber puesto remedio antes como en otras comunidades. Han mareado la perdiz y ahora sacan un decreto global para toda Andalucía sin tener en cuenta la realidad de cada provincia", expresó el alcalde de Cómpeta, José Luis Torres (PP) para quien la administración autonómica "no ha cogido el toro por los cuernos". "Ahora quiere apuntarse un tanto y llevamos desde marzo pasado esperando su aprobación", añadió el regidor quien coincidió con José Gallego (PP), alcalde de Benamargosa: "Es una falta de respeto hacia los andaluces aprobarlo ahora cuando llegan elecciones. Ellos han sido los responsables y no han dado la cara. Se encuentran perdidos después de perder las municipales y las generales. No tienen instrumentos de control para el urbanismo, que es el del bolsillo", explicó.

En el otro lado, Francisco Muñoz (PSOE), alcalde de Torrox, dijo que "es un día muy importante en el que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha demostrado que cumple sus compromisos con los ciudadanos y ha ratificado el trabajo que se venía anunciando desde hace meses y que confirmó en Torrox durante su visita a la Fiesta de las Migas". Para el regidor socialista "ha dado una solución a la problemática del urbanismo, mientras otros han preferido confrontar o judicializar el problema de muchos vecinos".

Desde IU, José Gámez estimó que el decreto debe otorgar las licencias a los propietarios de las viviendas que no estén en vías pecuarias, zonas inundables o protección. "Y aprovechar en positivo los recursos que genere para revertirlos en servicios y propuestas medioambientales", añadió.