El Ayuntamiento de Torremolinos celebró ayer su primer Pleno del año que estuvo dedicado a tratar cuestiones económicas. Sobre la mesa se pusieron dos asuntos principales, ya que se dio luz verde a la concertación de una operación de tesorería por valor de 14,5 millones de euros y a la cuenta general del año 2010. Con respecto a la operación financiera, el alcalde, Pedro Fernández Montes, señaló que es una operación que se realiza habitualmente cada año para garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores. Asimismo, recordó que la operación cuenta con la garantía de las cantidades que se reciban a través del cobro de distintos tributos, como es el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de Actividades Económicas.

Sin embargo, los grupos en la oposición no se mostraron de acuerdo con la iniciativa. El edil socialista, Javier Pérez, señaló que esta cantidad "también servirá para amortizar un préstamo a corto plazo de 7,3 millones de euros", además de un remanente de tesorería para pagar las nóminas. En este sentido, Pérez informó que en un informe de Intervención se asegura que el Consistorio está cerca del techo de endeudamiento permitido. En respuesta, el regidor recordó que el anterior equipo de gobierno del PSOE redujo "de forma sorpresiva" del 110% al 75% la capacidad de endeudamiento de las entidades locales. Pese a este cambio, Fernández Montes dijo que Torremolinos se sigue manteniendo entre los municipios con menor endeudamiento.

El momento más tenso de la sesión estuvo relacionado con la cuenta general de 2010. El alcalde criticó que IU hubiese presentado las alegaciones "el último día", un reproche que fue rechazado por la edil de IU, Begoña Romero, al señalar que estás estaban dentro del plazo fijado y detallar que se "han incumplido los plazos legales de presentación" y denunció las dificultades presentadas a la hora de obtener la documentación pertinente. En esas mismas críticas coincidió el portavoz del PSOE, José Ortiz, quien indicó que pese a que la liquidación arroja un superávit de 8 millones de euros, al contar con unos gastos de unos 124 millones, "si se mira de cerca el resultado es otro". Ortiz informó que durante esa época se recibieron unos 10 millones de euros de la Junta de Andalucía y del Gobierno central "además de realizar la venta de Astosam por 17 millones". De hecho, el socialista cifró la deuda municipal en 2010 en unos 160 millones de euros.

Por su parte, Fernández Montes defendió las enajenaciones de patrimonio, pues afirmó que son parecidas a las realizadas por la administración autonómica, al tiempo que mostró su malestar por las cantidades que deben ser devueltas por los cálculos erróneos a la hora de determinar la participación en los tributos estatales. El regidor también anunció que el Ayuntamiento "se verá obligado" a estudiar una revisión de las subvenciones que desde el año 1995 se otorgan a los empadronados para pagar el IBI. "Creo que los ciudadanos entenderán perfectamente la necesidad de adoptar una medida de este tipo, teniendo en cuenta que la acumulación de esa subvención en todos estos años ha supuesto para ellos un beneficio de hasta un 60% en la incidencia en sus bolsillos del IBI", valoró el regidor.