"Cuando un cargo público es condenado, sobre todo por cuestiones económicas, lo que tiene que hacer es dimitir por dignidad política". Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), tras conocerse la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena al que fuera su socio de gobierno en el pasado mandato, José Ignacio Crespo (PES), a pagar 900.000 euros injustificados en las empresas municipales entre 1995 y 1999. Además de Crespo, también han sido condenados otros tres ex ediles del GIL.

Quien también exigirá la dimisión de Crespo será el grupo político Convocatoria-Los Verdes que se personó en la causa para ejercer la acción pública. Según su portavoz, Gerardo Galán, "una persona que maneja el dinero público con esta ligereza no debe permanecer en política". Galán insistió en que ha sido "determinante" la personación de Convocatoria en la causa, ya que, a su juicio, "el Ayuntamiento ha defendido muy débilmente el interés público, y prueba de ello es que de los 900.000 euros exigidos, más de 700.000 corresponden a las tres sociedades en las que se personó Convocatoria".

Más moderado se mostró el concejal del PP, Ignacio Mena, quien, en relación a las palabras del alcalde, insistió en la "presunción de inocencia existente en el Estado de derecho" y recordó que "ésta no es una sentencia firme, por lo que Barrientos debía haber esperado antes de pedir la dimisión de nadie".

Dos de los condenados, José Gerez y Víctor Sánchez Pinacho, se pasaron del GIL al PP en 2001, momento en el que engrosaron las listas que lideraba por aquel entonces Rosa Díaz, para presentar una moción de censura contra el entonces alcalde, Antonio Barrientos.