Benalmádena aprueba un Presupuesto de 92,5 millones

  • Las cuentas municipales prevén unos ingresos de 93,7 millones de euros

El Pleno de Benalmádena aprobó ayer, con los votos a favor del equipo de gobierno, el Presupuesto consolidado previsto para el año 2011, en el que se detallan unos ingresos de 93,7 millones de euros y unos gastos de 92,5 millones. Esta aprobación se ha llevado a cabo tras realizar una serie de modificaciones que han sucedido durante el periodo de exposición pública.

Entre las enmiendas recogidas, destacan una serie de gastos derivados de las obras de la zona de Pueblosol y de la creación de un edificio de Servicios Sociales, entre los que se incluyen el alumbrado público, maquinaria, instalaciones y utillaje por una cantidad que supera los 180.000 euros. Además, se ha incluido una partida de 2,6 millones de euros para solventar parte de la deuda que se mantiene con la empresa Ielco, correspondiente al aparcamiento de Balmoral.

Al respecto, el alcalde, Enrique Moya, indicó que en el Presupuesto no se recogen ingresos por endeudamiento de préstamos a medio y a largo plazo, lo que ha obligado a realizar un ajuste del gasto corriente, cuyo apartado asciende a más de 32 millones de euros. Esta cantidad sube ligeramente con respecto a la de 2010 debido, entre otras causas, al aumento del coste del suministro eléctrico, de los combustibles y de las telecomunicaciones.

Por otro lado, también se contempla una reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, que pasará del 0,71 al 0,64%. También se mantienen las reducciones realizadas el año pasado en materias como las licencias de apertura y la basura industrial. El capítulo de inversiones cuenta con una cuantía de más de 7,4 millones de euros. Entre las obras previstas destacan el plan de asfaltado que se llevará a cabo en la avenida Alay y en Antonio Machado, la rehabilitación de la avenida Medina Azahara y la remodelación de la rotonda de Solymar. En el mismo documento también se han previsto más de 400.000 euros derivados de las indemnizaciones previstas en dos sentencias que obligan a readmitir a funcionarios.

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