El presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, anunció ayer que los servicios jurídicos de la entidad bancaria han interpuesto en los últimos días una querella contra el empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de la promotora Arenal 2000, y otra contra el último director general que tuvo la caja durante la presidencia de Miguel Castellejo, Francisco Jurado, a los que acusa de sendos delitos societarios. El máximo mandatario de la caja explicó que las dos querellas se refieren a hechos de la anterior etapa de la entidad, antes de que ésta regresase a la tutela de la Junta de Andalucía y antes también de que él mismo llegase a su cúpula.

Los dos presuntos delitos, que han quedado al descubierto en el proceso de auditoría interna que impulsó el actual presidente apenas un mes después de su llegada al cargo en enero del pasado año, ya se encuentran también en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto una investigación para analizar las supuestas irregularidades de Gómez y Jurado.

Según la querella, CajaSur acusa al empresario Rafael Gómez de haber cometido una irregularidad en 2004 en la empresa Arenal Sur 21, que compartían entonces la caja y el conocido industrial. La entidad financiera precisa que Gómez firmó un contrato de arrendamiento de servicios con otra empresa intermedia con el fin de que ésta realizase unos trabajos que CajaSur considera "ficticios o de imposible cumplimiento". El encargo que realizó el constructor cordobés pasaba porque esta compañía, de la que no ha trascendido el nombre, realizase una serie de gestiones para que el Ayuntamiento en Manilva modificase la edificabilidad de unos terrenos que poseía Arenal Sur 21. Aquellos solares, según CajaSur, tenían unos aprovechamientos legales que rondaban los 4.200 metros y lo que intentaba Gómez a través de las mediaciones de la empresa, según la querella, es que esa edificabilidad superase los 39.000 metros cuadrados, lo que supondría un 942 por ciento más.

La denuncia de CajaSur señala que estos hechos sucedieron en agosto de 2004, un año y dos meses antes de que se destapase la operación Ballena Blanca. CajaSur estima que el encargo de Gómez a la empresa intermediaria en Manilva era imposible de cumplir y cifra en un millón de euros el daño que le causó. La entidad bancaria le reclama ahora al promotor cordobés 849.000 euros y otro tanto a la empresa que actuó de intermediaria.