Ninguno de los más de cien expedientes urbanísticos abiertos en Carratraca por la construcción de casas ilegales seguirá adelante hasta que la Junta de Andalucía concluya un inventario de la situación de cada una de ellas. Es el acuerdo al que llegaron ayer la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, y el nuevo alcalde del municipio, Francisco Duque (IU), en la primera reunión que mantienen después de que tomara posesión el pasado miércoles tras la dimisión de su antecesor, Oscar Román, por discrepancias con la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Con el informe en la mano se determinará cuáles de estas viviendas son ilegales y cuáles no porque "todas no están mal", aseguró el alcalde de Carratraca al término de la reunión. Pero eso no significa que los expedientes pendientes se vayan a eliminar, sino que aclaró que "se irán viendo" conforme los técnicos del Gobierno andaluz acudan a la localidad. Si de estas inspecciones se concluye que las viviendas no se ajustan a la legalidad, Duque aseguró que se seguirá adelante con la tramitación de los expedientes porque "yo no me puedo poner en contra de la ley".

La actitud del nuevo alcalde de Carratraca para resolver esta situación fue valorada positivamente por la delegada de la Junta en Málaga, que aclaró que su impresión es que "quiere actuar en consecuencia, no permitir construcciones al margen de la legalidad y ejercer sus facultades disciplinarias". En el plazo de dos meses espera que se vean más claridad los pasos que ya han comenzado a darse. Pero para poder lograr resolver el problema, Gámez apuntó que una de las premisas "básicas" es que el municipio cuente con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El alcalde de Carratraca se comprometió a enviar el primer borrador del plan general lo antes posible porque de ese paso dependerá también la solución a la particularidad que plantea el casco histórico del municipio que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, es el PGOU el que tiene la llave porque "podrá desarrollar lo que ahora son dudas y se podrá justificar qué está permitido y qué no, y regular aquello que por sentido común sigue respetando la peculiaridad del entorno, pero sin llevarlo al extremo que imposibilite hacer nada de nada". Duque, sin embargo, considera que este asunto debe quedar "apartado" de momento hasta que se determine la legalidad o no de las construcciones del municipio.

Los vecinos de la localidad se quejan de que la protección de su casco histórico les impide construir e incluso hacer pequeñas modificaciones en sus viviendas, lo que está provocando que muchos habitantes abandonen el municipio y se instalen en otros cercanos. El anterior alcalde, Óscar Román, dimitió el pasado 19 de enero al no querer ejecutar el centenar de expedientes abiertos, lo que dejó al municipio sin regidor durante ocho días hasta que fue nombrado Duque el pasado miércoles.