Denuncian pasividad en solucionar la situación de las casas ilegales de Mijas

  • La asociación de afectados se queja de que, tras nueve meses, el Ayuntamiento sigue sin desbloquear el asunto

La Asociación para la Regularización de las Viviendas Irregulares de Mijas mostró ayer su descontento ante la "pasividad del Ayuntamiento por resolver el asunto", según su presidente, Juan Antonio Blanco. Éste recordó que desde un primer momento la organización estuvo dispuesta a trabajar con el Consistorio para tratar de desbloquear el asunto, al tiempo que se mantuvieron contactos con miembros de la Junta de Andalucía, que "ofrecieron colaboración e información". Sin embargo, denunció que tras más de nueve meses no se ha vuelto a dar un paso hacia adelante.

"Estamos dispuestos a hacer frente a las cargas urbanísticas que nos corresponden", dijo Blanco, pidiendo que "se trabaje junto a los afectados". Como novedad, destacó que el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga ha concedido la suspensión de una orden de demolición que afectaba a una vivienda familiar.

Por otra parte, fuentes municipales, señalaron que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), es "totalmente consciente del problema" y que "está por la labor de solucionarlo". Así, dijeron que el regidor mantuvo el pasado mes de septiembre varias reuniones con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, para analizar la grave situación de estas casas. En estas citas, según las fuentes, la Administración autonómica avaló el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento.

Entre estas tareas se incluye la elaboración de un estudio detallado de cada vivienda afectada, a partir del cual se podrá trabajar con datos concretos. A ello se suma la elaboración de un catálogo en el que se incluirán todas las construcciones irregulares, de pequeños cuartos de aperos a viviendas.

Estas fuentes subrayaron que se realiza una "labor compleja y especializada por parte de las administraciones", y que una vez estén consensuadas "todas las herramientas necesarias" por parte de la Junta, se contará con la participación de los afectados. También adelantaron que el alcalde tiene previstas nuevas reuniones con miembros de la Junta.

Este problema urbanístico, que afecta a miles de mijeños, implica a un total de 8.000 viviendas ilegales, distribuidas en puntos como Osunillas, la Arquería y La Alberquilla, entre otros. De todas ellas, 1.500 están denunciadas, según fuentes del PP.

Se trata de una situación que se ha visto endurecida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que rechaza que en esas zonas haya construcciones, y por el cambio de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que implica el pago de las multas coercitivas. Antonio Sánchez ha recordado que se trata de un problema complejo, que preocupa al equipo de gobierno y al que no se puede dar solución de un día para otro. "Tampoco se tratará de un borrón y cuenta nueva", comentó.

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