Ecologistas acusan a la Junta de "premiar la delincuencia urbanística"

  • Los colectivos pretenden denunciar por prevaricación "a los que apoyen esta norma manifiestamente ilegal"

El colectivo Gena-Ecologistas en Acción criticó ayer duramente a la Junta de Andalucía por la aprobación del proyecto de Ley por el que se modificará la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitirá regularizar un buen número de viviendas construidas en suelo no urbanizable. En la provincia de Málaga podrían ser alrededor de 6.000, y se incluyen aquellas que fueron edificadas sobre reparcelaciones, que ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística y que tengan al menos seis años de antigüedad. No así, aquellas en zonas indudables o de especial protección o con expedientes administrativos abiertos. La decisión del Consejo de Gobierno fue tildada por los ecologistas como "un premio a la delincuencia urbanística".

"Es muy significativo que la primera medida política y legislativa del gobierno de Susana Díaz no tenga como objetivo luchar contra la especulación y la corrupción urbanística, sino ampararla y favorecerla", añadió el presidente del colectivo, Rafal Yus, para quien el cambio de la Loua persigue "eliminar el artículo que declara imprescriptibles las infracciones de los actos de urbanización en suelo no urbanizable". "Lo que constituye un elemento disuasorio para la especulación es eliminado por arte de magia, y es que esta imprescriptibilidad es un arma legal de enorme importancia para impedir que se consoliden estas urbanizaciones ilegales, y debería haber permitido a ayuntamientos y a la propia Junta actuar para desmantelar estas obras", opinó.

Según los ecologistas, fue "la absoluta desidia" de las administraciones la principal causa de la existencia de miles de urbanizaciones y viviendas ilegales, "y de la impunidad de los infractores".

El presidente del Gena aseguró que el argumento de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que lo que se pretende es beneficiar a los propietarios extranjeros que compraron de buena fe es "una pura falacia"."¿Cómo se demuestra eso de la buena fe?", se preguntó Yus, que señaló que los que fueron estafados pueden acudir a los tribunales, como así han hecho algunos propietarios.

"La actitud de los máximos responsables de la Junta consiste en amparar a los que durante las últimas décadas han venido incumpliendo la legalidad urbanística, y apoyar a los infractores y delincuentes urbanísticos", afirmó Yus, quien está convencido que la inclusión del artículo va a hacer que se archiven archivar los expedientes sancionadores de los ayuntamientos contra las viviendas y urbanizaciones ilegales. "Es de extrema gravedad, ilegal y supone una descalificación en toda regla de los ayuntamientos que cumplieron la ley".

Ecologistas en Acción estudiará denunciar por prevaricación a los que apoyen esta norma "manifiestamente ilegal". Según Yus, el discurso de la regularización de las viviendas ilegales es un "arma política devastadora" para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política social, "al favorecer unas formas constructivas que fomentan la insolidaridad y descohesión social, y para el propio estado de derecho al que desarbola en su núcleo más ejemplar".

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