Provincia

Embargan las cuentas del Consistorio de Alozaina al no pagar a un proveedor

  • La deuda con esta empresa es de 52.200 euros · El alcalde admite un endeudamiento de unos 3 millones de euros

El Consistorio del municipio serrano de Alozaina atraviesa una delicada situación financiera. Un juzgado de Málaga ha embargado las cuentas del ente local tras pronunciarse sobre la denuncia que interpuso una empresa proveedora al que el Consistorio le debía la cantidad de 52.200 euros por la ejecución de unas obras. Pero esta no es la única deuda que mantiene el Consistorio de la localidad. Su alcalde, el socialista Francisco Guzmán, explicó que la corporación local se encuentra endeudada en unos tres millones.

Un complejo estado económico que el regidor atribuye a la gestión del anterior equipo de gobierno, de IU. Según Guzmán, esta deuda es "heredada", ya que el PSOE lleva tan sólo gobernando en el pueblo desde las pasadas elecciones municipales, mientras que la coalición de izquierdas lo hizo durante casi cuatro mandatos. Asimismo, señaló que cuando tomó la dirección del municipio "no existía contabilidad", lo que ha obligado al equipo de gobierno a estar ocho meses "investigando las cuentas".

Algunas de las principales deudas que tiene que afrontar el Consistorio están relacionadas con el pago de 895.000 euros a proveedores y empresas que no tienen su sede en Alozaina, así como de 366.000 euros a entidades locales. Con la Seguridad Social y Hacienda el dinero que se adeuda es de 445.000 euros, un importe que, mientras no se abone, impedirá que puedan recibir subvenciones de organismos públicos. También mantiene una cuenta en números rojos con la plantilla de trabajadores municipales, a los que se deben 100.000 euros en sueldos, desde los años 2004 a 2007.

Por otro lado, algunos proyectos realizados en la localidad incrementan los impagos del Consistorio, como el pabellón polideportivo, con 500.000 euros, o actuaciones de reparación de viales, por un importe de 307.000 euros.

Todo ello preocupa al alcalde, puesto que la única solución pasa por pagar al proveedor que interpuso la denuncia. Sin embargo, difícilmente podrán abonar esta cuantía y continuarán con sus cuentas embargadas, lo que impedirá al Ayuntamiento hacer frente a gastos corrientes tan básicos como la luz o el agua, así como a los gastos de personal que se generan cada día.

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