Los funcionarios de habilitación estatal -secretarios, interventores y tesoreros- defienden que una mayor dotación de autoridad a sus cargos evitaría casos de corrupción en la Administración local. "Reivindicamos que se refuercen los controles municipales en lugar de reforzar las funciones del personal de confianza, que es lo que puede haber pasado en muchos de estos casos", explicó ayer el presidente del Consejo General del colegio oficial de este colectivo, Eulalio Ávila.

Ávila participó ayer en la inauguración del I Congreso de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Andalucía, que se celebra en Marbella y que reúne a más de 200 asistentes, lo que constituye más de un tercio de los profesionales colegiados en la comunidad autónoma. "Hasta ahora, en todas las tramas que ha habido de corrupción no hay ninguna condena a ningún funcionario de habilitación estatal", destacó en rueda de prensa el portavoz nacional del colectivo.

El congreso, organizado por el Consejo Andaluz del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) bajo el lema Una mirada al futuro: profesionalidad y confianza, tiene como objetivo poner de manifiesto las inquietudes e intereses de los funcionarios de habilitación estatal en Andalucía de cara a una próxima elaboración de la legislación autonómica tras el traspaso de competencias a las comunidades. "Queremos reflexionar sobre qué podemos aportar nosotros al municipalismo andaluz", según afirmó el presidente del colegio andaluz de Cosital, Juan Manuel Farfán, que apuntó que la comisión representativa de los colegios territoriales elaborará una declaración del colectivo que se presentará hoy sábado junto con las conclusiones del congreso.

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada en 2007, atribuye a las comunidades autónomas una serie de competencias sobre los funcionarios de habilitación estatal. Entre ellas, se encuentran el régimen disciplinario, la regulación porcentual de los méritos en los concursos de dotación de plazas o parte de los contenidos de sus funciones básicas, que son las de asesoramiento legal y fe pública en el caso de los secretarios, la fiscalización de la gestión económica y la contabilidad en el caso de los interventores y el manejo y custodia de los fondos públicos y la jefatura de los servicios de recaudación en el caso de los tesoreros.

Tanto la legislación autonómica catalana, la única aprobada por el momento, como los proyectos que hay en marcha en Aragón y Galicia "no minoran el contenido de las funciones reconocidas por la legislación estatal", según destacó Ávila, que mostró su deseo de que tanto en Andalucía como en el resto de comunidades tenga lugar una actuación similar dado que si no fuera así "se resentiría de alguna manera el principio de trasparencia y el principio de legalidad en los ayuntamientos".

Farfán subrayó que los nuevos retos a los que también se enfrenta el colectivo es su pretensión de que se reconozca la figura del directivo profesional y la necesidad de potenciar la convocatoria de nuevas ofertas de empleo en los ayuntamientos, "muchos de los cuales están infradotados de plazas o en ellos existe un solo habilitado estatal, como ocurre en los pueblos pequeños, donde las dificultades son cada vez más complejas".

Además de Ávila y de Farfán, el acto de inauguración del I Congreso de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Andalucía contó con la participación de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y del presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol occidental, Juan Sánchez, así como del coordinador nacional de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla.