El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar en febrero al exalcalde de la localidad de Canillas de Aceituno José Manuel Aranda, acusado por la Fiscalía de delitos urbanísticos, al aprobar un proyecto de actuación y conceder la licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable.

El juicio estaba previsto para el pasado jueves día 19 de enero, pero se aplazó su celebración hasta el día 3 de febrero, según informaron fuentes judiciales. El ministerio fiscal acusa al exregidor de dos delitos contra la ordenación del territorio, por los que solicita cuatro años de cárcel, multa de más de 43.000 euros e inhabilitación por 20 años.

Según las conclusiones iniciales de la acusación pública, en septiembre de 2005, un particular solicitó licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en la zona conocida como La Machera de dicha localidad, suelo clasificado, según la normativa urbanística vigente en el municipio, como no urbanizable, por lo que era preciso aprobar previamente un proyecto de actuación.

Tras los trámites, para la aprobación de dicho proyecto se requería informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que fue emitido en diciembre del mismo año "en sentido negativo", según consta en el escrito provisional del ministerio público al carecer la obra "de numerosos requisitos".

Según el fiscal, ese informe ponía de manifiesto que "no se justificaba la necesidad de la construcción de la vivienda vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos", así como que "no se aportaba documentación que justificase dicha vinculación de la vivienda" ni la inscripción en el censo agrícola ni renta agraria anual y rendimiento.

En diciembre de 2005, el arquitecto municipal emitió informe negativo por la "incompatibilidad" de la vivienda proyectada con la clase de suelo y "en los mismos términos formuló informe la secretaria del Ayuntamiento", dice la Fiscalía, quien acusa también inicialmente a otros seis miembros de la corporación en 2005, entre ellos a la actual alcaldesa, Pilar Ortiz.

La acusación sostiene que el proyecto fue aprobado por los acusados en pleno en marzo de 2006 "sabedores de la contrariedad patente" con la normativa urbanística "al conocer los informes desfavorables y en especial el emitido la Consejería de Vivienda, entonces de Obras Públicas, que, aunque no era vinculante para la decisión, manifestaba "de forma clara la no adecuación a derecho".

En septiembre, el entonces regidor dictó "de forma torcida y contraria a la reglamentación urbanística vigente en el municipio", un decreto otorgando la licencia. Así, al exalcalde se le acusa por dos delitos contra la ordenación del territorio, mientras que al resto de procesados sólo por uno, solicitando para éstos dos años de prisión, multa de 21.600 euros e inhabilitación por 10 años.

El letrado José Carlos Aguilera, defensa de algunos de los entonces ediles acusados, ha considerado que esta licencia y otras que se concedieron "son la consecuencia de la inactividad de la Junta de Andalucía que incumplió sistemáticamente su deber de protección de la legalidad urbanística en el suelo no urbanizable en Canillas de Aceituno y en otros municipios de la Axarquía".

Aranda fue condenado por la Audiencia de Málaga a finales de 2010 a nueve años de inhabilitación para cargo público y a una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia, tras estimarse el recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, que inicialmente absolvió al entonces regidor.