Desde que el Tribunal Supremo declarara nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2010 en Marbella no se habla de otra cosa. Las llamadas y visitas a la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento han sido constantes en estos dos últimos meses por parte de propietarios de viviendas que fueron legalizadas con el nuevo plan y que tras la resolución regresan al limbo jurídico, y empresarios que han visto peligrar sus inversiones. Pero a la duda e incertidumbre de muchos se suma también el optimismo de otros que han visto en esta sentencia una segunda oportunidad para deshacerse de los desmanes de la época del gilismo. O al menos así lo ha dado entender el equipo de gobierno, que en todo momento ha mantenido un discurso firme para dar respuesta a la necesaria seguridad jurídica en materia de ordenación del territorio y sostiene que no ha habido paralización del urbanismo. "Desde que se conoció la sentencia hasta ahora se han entregado licencias de obras por valor de unos 11 millones de euros", resaltó el portavoz municipal, Javier Porcuna.

El Ayuntamiento trabaja codo con codo con la Junta de Andalucía para decidir cuanto antes cuál será la fórmula transitoria de las dos soluciones planteadas que guiará el rumbo de la ciudad durante los dos próximos años hasta la elaboración de un nuevo plan general, que el alcalde, José Bernal, estima para 2018. Mientras tanto, urbanizadores, inmobiliarias, arquitectos y abogados solicitan a las administraciones la mayor celeridad posible para acabar con el halo de incertidumbre que envuelve a futuras inversiones. En este sentido, Porcuna adelantó que a lo largo del mes de enero se anunciará cuál será la medida transitoria, que estará lista mucho antes del verano. "A partir de ahí, se iniciará la contratación de un equipo redactor para ir avanzando en el nuevo PGOU de Marbella", señaló.

Para el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), Enrique Guerrero, el aspecto judicial no está tan claro, por lo que solicita a las administraciones más información con la que transmitir tranquilidad a los posibles inversores así como la posibilidad de supervisar y colaborar en el avance del nuevo plan. "El PGOU de 2010 se hizo de espaldas a la sociedad, no podemos permitirnos caer en los mismos errores", comentó.

En la misma línea se manifestó la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo (Acoprocamar), Carola Herrero, quien insistió en que la solución "debe salir de Marbella y contando con la gente de Marbella". "Es una oportunidad para hacer las cosas bien", agregó. Entre las posibles soluciones transitorias que se darán a conocer en las próximas semanas, Herrero apuesta por adaptar el plan del 86 a la LOUA en lugar de la aprobación de normas sustantivas de ordenación como ya se hizo en el ayuntamiento de Chiclana. Pero, sobre todo, incide en que sea una solución estable que establezca las bases para un plan "muy pensado para nuestra forma de vida, social y económica actual y también futura".

Mientras tanto, las inmobiliarias se definen como las principales afectadas en este proceso y lamentan que la anulación del plan se haya producido en el mejor momento tras varios meses de recuperación de ventas. "Los propietarios solo deben esperar a que se legalice su situación, dudo que se vaya a derribar ninguna vivienda. Pero mientras tanto y mientras se decide qué pasa nosotros nos quedamos sin poder vender 16.500 viviendas porque hay una laguna legal ahí. Yo lo considero un golpe ahora que estábamos levantando cabeza y saliendo de la crisis", apunta Lucio González, de Marbella Unique Propierties, quien, por otro lado, reconoce haber llegado a perder alguna operación que estaba a punto de cerrarse ante la inestabilidad percibida por el cliente tras la anulación del PGOU. "Desde que se conoció la noticia algunas ventas, en concreto dos, no han llegado a buen fin porque a los inversores les da miedo y no confían", agrega. Sin embargo, reconoce que, aunque sea contradictorio, "estoy contento porque por fin se aprobará un plan definitivo y cuando eso pase dará más confianza a los inversores", señaló.

Según señalan desde la inmobiliaria, una de las urbanizaciones más afectadas es el complejo Malibú tras cambiar su situación en el PGOU, o el propio Banana Beach, junto al arco de Marbella, entre otras muchas. Po otro lado, cabe recordar que hace apenas unas semanas el Ayuntamiento anunciaba la paralización de más de 60 zonas del municipio que se encontraban en proceso de normalización urbanística tras la anulación del plan. Por su parte, Ginés García, gerente de Nevado Realty, ha tomado las riendas y ha redactado un manifiesto que ha colgado en su página web y que resume el sentir del sector inmobiliario. Su mensaje es claro y conciso: "No se puede permitir otro periodo de incertidumbre", tras lo que denuncia que el Ayuntamiento "todavía no transmite seguridad jurídica". Por ello, reclama a las instituciones celeridad en la redacción del nuevo marco legal para el urbanismo, acortando los tiempos estimados. "El sector está vivo, estábamos en un momento con una tendencia al alza y es una pena", agregó.

El abogado urbanista Alejandro Criado, asegura que los puntos de vista de los casos que atiende son muy variados. "Hay personas con muchas dudas, con sentencias de demolición o que no saben aún si su vivienda se ajusta o no a la legalidad, pero otras son optimistas", afirma. A nivel general, considera que aún es tiempo para grandes valoraciones y que la incertidumbre de ahora se disipará en unos meses. Por otro lado, señala que la inseguridad es mayor en bancos, a la hora de conceder nuevas hipotecas, que entre los inversores y promotores que vienen dispuestos a comprar suelos.

Quien no lo tiene del todo claro es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Emilio López, quien afirma que aunque no se ha llegado a perder ninguna operación hasta el momento sí se han paralizado otras muchas a la espera de que la nueva normativa les permita o no continuar. "Hay inquietud entre promotores y constructores pero parece que ya se ve algo de claridad", apunta López, que insiste en la necesidad de acortar los plazos estimados para acelerar los procesos de recuperación y desbloqueo de cara al próximo año.

Frente a las dudas que ha provocado la situación actual, si algo parece estar claro es que los diferentes actores coinciden en la necesidad de agilizar los trámites necesarios para dar seguridad jurídica y urbanística, ya sea con una fórmula transitoria, desarrollos puntuales del plan de 1986, actualizaciones de ese documento o con un nuevo PGOU, a la ciudad de Marbella.