Peor imposible. La gestión irracional realizada por el GIL en el Ayuntamiento de Marbella difícilmente tendrá parangón, tal y como ha vuelto a quedar demostrado esta semana con las conclusiones aportadas por el Tribunal de Cuentas (TC) en el informe de fiscalización que ha llevado a cabo del periodo (2002-abril de 2006).

El documento, que pone en evidencia nuevas permutas y convenios que fueron claramente lesivos para las arcas municipales, también entra en otros detalles que no dejan de resultar asombrosos para los contribuyentes. Es el caso de los más de dos millones de euros que perdió el Consistorio por la peculiar contratación del alumbrado público, que hicieron tanto el gobierno de Julián Muñoz como el del tripartito de Marisol Yagüe.

En los seis años fiscalizados se encargó una serie numerosa de trabajos, entre los que se encontraban los de iluminación de varias zonas de Marbella, a las empresas Nulimtos S.L., Instaladora Zona Sur S.L., Mapulsur S.L. e Instaladora Zona Centro-Norte (IZCN) S.L., todas ellas pertenecientes a un mismo grupo societario, por un total de 12,6 millones de euros.

Sin embargo, los responsables del TC consideran que no han quedado "justificadas" operaciones por una cuantía de algo más de 5,4 millones de euros, como consecuencia de haberse aceptado prestaciones y suministros no realizados, o por la compra de materiales por precios "muy por encima de los de mercado".

En este apartado se han detectado un sinfín de irregularidades relacionadas con el alumbrado público que suponen un perjuicio de 2,1 millones de euros. Por ejemplo, las corporaciones gilistas pagaron facturas por 17.084 euros por 17 farolas para la avenida Torres Murciano que nunca llegaron a instalarse. Para más inri, el precio de cada una era de 235,60 euros cuando el precio de mercado no superaba entonces los 144 euros. Lo mismo sucedía con las columnas de 3,15 metros de altura donde se insertaba cada farola. Al Ayuntamiento se le cobró 474,50 euros por unidad cuando se podrían haber conseguido por 167,90 euros, según recoge el proyecto del informe.

Más grave fue lo sucedido con el alumbrado del parque El Calvario. La sociedad municipal Gerencia de Compras aceptó una facturación de 136.779 euros de la empresa Mapulsur S.L. por obras "inexistentes" en dicha zona verde, como comprobó el personal adscrito al servicio municipal de Electricidad.

El más difícil todavía se consigue con la iluminación que se encarga para el Puerto Deportivo a la sociedad citada con anterioridad. El 1 de abril de 2004, el gobierno de Yagüe aprueba en Junta de Gobierno Local la renovación de las instalaciones eléctricas por un importe de 479.989 euros. Posteriormente, tras realizar una serie de comprobaciones, el TC determina que la empresa facturó 163.957 euros por prestaciones no realizadas, ya que los materiales eléctricos fueron suministrados por la delegación de Obras y colocados por los propios operarios municipales.

No contentos con todo esto, el abogado del grupo empresarial presentó un escrito al presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes, tras tener conocimiento extraoficial de que se estaban revisando las facturaciones de la obra, en el que decía que su representada había ejecutado trabajos en el Puerto Deportivo por valor de 549.727 euros. Para acreditarlo, presentaba un presupuesto "no firmado" y diversas certificaciones que no constan registradas en la contabilidad del Consistorio ni en ninguna de las sociedades municipales.

En definitiva, son sólo unos cuantos detalles del informe donde el TC hace un nuevo repaso por el amplio catálogo de despropósitos, que terminaron provocando la primera disolución de un Ayuntamiento en este país.