Llegó la hora. Tras meses de espera el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, ha recibido esta semana el informe encomendado sobre las viviendas construidas en suelo no urbanizable, el cual ha sido elaborado por un reputado experto, el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Jordano. Según un comunicado del Consistorio, el profesional ha explorado las posibilidades de legalización basándose en fundamentos de derecho recogidos en legislación y jurisprudencia, así como a partir de la experiencia de otros municipios con realidades similares. En este sentido, se ha clasificado entre problemáticas diferentes, como las que plantean viviendas agrupadas o aisladas. Jordano ha advertido también que hay límites que marcan lo legalizable, como por ejemplo, ante ocupaciones de dominio público o construcción en suelos de especial protección. Asimismo, el estudio elaborado sugiere la posibilidad de adoptar algunas soluciones-puente hasta que se puedan asentar definitivamente en el PGOU.

El comunicado de ayer señaló también que las copias del documento fueron trasladadas inmediatamente a la oposición (PP) para que puedan estudiarlo, con la voluntad de "llegar a soluciones de consenso, puesto que el calado social del problema exige un compromiso político serio por parte de todos", según palabras del alcalde, quien añadió que la situación vivida por las familias no debe utilizarse como "arma partidista". Sánchez indicó también que "el equipo de gobierno está demostrando su empeño por encontrar soluciones". Para ello, el alcalde propuso la celebración de reuniones de trabajo con los representantes políticos, una vez que tanto los concejales como los técnicos y juristas municipales hayan analizado el documento. El objetivo es fijar criterios comunes para elaborar y desarrollar una hoja de ruta que contenga medidas concretas.