Muñoz cambiará en solitario el PGOU para evitar "una contienda de pleitos"

  • La alcaldesa de Marbella apuesta por que las alegaciones del equipo de gobierno en las que se regulen las viviendas ilegales sean asumidas por el redactor del Plan

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella vuelve a enfrentar al gobierno de Ángeles Muñoz (PP) con la Junta de Andalucía. Tras conocerse que la Consejería de Obras Públicas tiene previsto disolver la Oficina de Planeamiento que asesoraba al Ayuntamiento en la tramitación del futuro documento urbanístico, la alcaldesa anunció ayer que el Consistorio será el responsable de llevar a cabo "todas las modificaciones necesarias" para evitar que la localidad se convierta en "una contienda de pleitos".

Muñoz quiso dejar claro que va a hacer todo lo posible para que las alegaciones del equipo de gobierno, en las que plantea la regularización de todas las viviendas ilegales en el nuevo PGOU a través de un sistema de compensaciones, sean tenidas finalmente en cuenta por el redactor del Plan, Manuel González Fustegueras. De lo contrario, el Ayuntamiento recibiría un aluvión de denuncias por parte de los compradores de buena fe, indicó la regidora, que no dudó en apuntar que es lo que "pretendía la Junta de Andalucía".

Asimismo, la regidora popular insistió en que va a defender a los propietarios de inmuebles que atentan contra el PGOU de 1986, único texto reconocido por los tribunales, por lo que no descarta que las compensaciones recaigan "sobre las administraciones que no han cumplido lo que deberían haber hecho". Con esta alusión, dejó entrever que tanto el Ayuntamiento como la Junta deberán resarcir económicamente o con suelos a la ciudad por las tropelías urbanísticas que se originaron durante la era GIL. Pero antes de verse en la situación de tener que pedir explicaciones a otras instituciones, la alcaldesa aventuró que los promotores serán los primeros a los que habrá que buscar cuando se intenten regularizar las casas que se levantaron en zonas de equipamiento público.

En ese sentido, advirtió que los empresarios de la construcción deberán "pagar" lo que establece como justo el equipo redactor del PGOU. En caso de que aleguen que ya en su día cedieron los suelos pertinentes al Consistorio para poder ejecutar sus proyectos inmobiliarios, tendrán que justificarlo con documentación ajustada a ley. "Las compensaciones que se hayan hecho de manera ilegal o por debajo de la mesa tendrán que ser dirimidas en los tribunales", continuó Muñoz. En cuanto al desmantelamiento de la Oficina de Planeamiento y al rechazo en el Parlamento Andaluz de la moción presentada por el PP que solicitaba que la defensa de los compradores de buena fe fuese asumida por la Junta de Andalucía, aseguró que el PSOE "está dando bandazos".

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