El Partido Popular ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Málaga al alcalde de Alfarnatejo, Antonio Benítez Barroso (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia urbanística "conociendo su ilegalidad".

Así, según el PP, Benítez autorizó la construcción de viviendas en El Cortijuelo, aún cuando se trataba de suelo no urbanizable y con informes desfavorables del secretario-interventor. Además, empadronó "ilegalmente" a varias familias en ese enclave. Ante esto, el PP pide que el ayuntamiento de Alfarnatejo, la Delegación en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y los responsable correspondientes remitan todos los expedientes y documentos relativos a la construcción del "supuesto" camping El Cortijuelo para esclarecer los "supuestos hechos irregulares".

Así, el diputado provincial del PP, Juan Jesús Bernal informó a través de un comunicado de que "además, solicitaremos las testificaciones pertinentes una vez tengamos los documentos".

Bernal explicó que el 17 de marzo de 2004 se presentó en el Ayuntamiento un proyecto de Plan Parcial para construir en el paraje conocido como 'El Cortijuelo' y esta solicitud fue denegada al día siguiente por el Ayuntamiento al tratarse de suelo no urbanizable y no ajustarse a clasificación.

Sin embargo, prosiguió, el 4 de mayo "hubo una denuncia de un particular que afirmaba que se estaba llevando a cabo el levantamiento de más de 80 parcelas en la misma zona" y donde esta denuncia aseguraba que "en la misma zona ya hay instaladas tres casas, que aunque asemejan casas móviles, en ellas se aprecian ejecuciones de obra, tales como porches, cobertizos, entre otros".

Por lo que ante esa situación, el 6 de mayo se ordena la retirada "inmediata" de las viviendas instaladas en El Cortijuelo y que "se restaure el terreno a su situación original". Ante esto, según indicó Bernal, "seis días más tarde, el Ayuntamiento inicia un expediente de protección de la legalidad urbanística y se lo comunica a la Delegación de Obras Públicas".

Bernal aseguró que "lo sorprendente" es que el 8 de julio de 2004 el alcalde "solicita asignación de código vial para el enclave para poder empadronar a una pareja de ingleses en la misma zona, en unas viviendas que se suponen que no se van a construir".

Además, el popular destacó que los residentes que "supuestamente" se pretendían empadronar "son extranjeros comunitarios que están formulando declaración formal de intención de voto en las elecciones municipales que se celebraron en mayo 2007". "A partir de este momento se ha pretendido continuar con el desarrollo del proyecto urbanístico a través de la fórmula legal de licencia para un camping cuando lo que realmente se instalaban eran casas en toda regla", apostilló.

Por otro lado, el 11 de febrero el delegado provincial emitió un informe favorable a la declaración de "utilidad pública e interés social" y la autorización del uso para la instalación de camping en la finca, todo ello en base al informe técnico favorable. "No obstante, ésta autorización está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos indispensables que Benítez ignora, no los cumple, y procede a conceder la licencia urbanística", aseguró.

Asimismo, el popular explicó que el 17 de marzo de 2006, Benítez proporcionó la licencia "aún a sabiendas que era ilegal, por ser desfavorable tanto el informe del delegado como el del secretario general del ayuntamiento". Además, informó de que esta licencia fue otorgada "antes de la emisión del Informe Ambiental de la Delegación Provincial" y "no cumplió las condiciones impuestas en el Proyecto de Actuación, como la prestación de garantía ante el ayuntamiento, la fijación de la duración limitada de la actividad, la prestación compensatoria y la tramitación de las instalaciones en el registro correspondiente".

No obstante, se empadronaron en estas viviendas a 88 personas, la mayoría en verano de 2006. "Lo más grave de todo esto, es la situación actual de las 40 familias que habitan en estas viviendas irregulares", subrayó y añadió que "no tienen ni luz ni agua desde hace más de seis meses".

El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, manifestó que "esta es otra prueba de los desmanes urbanísticos en la provincia de Málaga por la permisividad de un alcalde del PSOE y la dejación de la Junta", por lo que exigió responsabilidades.