El PSOE pide al Consistorio que reconozca su "negligencia" en las viviendas

  • El grupo socialista presenta una moción para proteger a los terceros de buena fe

La tesis se mantiene: los compradores de buena fe no pueden pagar por las irregularidades cometidas. Con esta premisa, el PSOE ha presentado una moción, que se debatirá en un pleno extraordinario, en la que solicitan que el Ayuntamiento reconozca su "negligencia" en relación a las viviendas irregulares y para proteger a los terceros de buena fe. José Bernal, candidato socialista a la alcaldía, declaró que en primer lugar, el PSOE exigirá que el Ayuntamiento "coordine a los terceros de buena fe para que se persiga a los promotores que están obligados a pagar compensaciones poniendo los medios necesarios para ello, tal y como le obliga la Ley de Bases de Régimen Local".

Así, apuntó que lo que se pretende es que en lo sucesivo no se actúe como lo viene haciendo el Partido Popular que "exige a los terceros adquirientes de buena fe que primero paguen y luego reclamen por su cuenta a los promotores".

"Con la aprobación de esta moción se impedirá que el PP siga coartando a los ciudadanos al exigirles el pago de fuertes sumas de dinero para obtener licencias de primera ocupación que nunca debió negárseles, de haberse cumplido la Ley", declaró Bernal.

Para Bernal, los terceros de buena fe no son los culpables y "no pueden ser tratados como culpables, y no pueden seguir siendo el eslabón débil sobre el que el Partido Popular carga toda la culpa y todo el peso patrimonial". En la moción se exigirá también que el Ayuntamiento asuma que, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1994, "no se puede exigir a los ciudadanos que paguen las consecuencias urbanísticas de la actuación negligente de la administración".

Desde el Consistorio, el delegado de Urbanismo, Pablo Moro, instó al PSOE a que "le pida que proteja a los compradores de buena fe a la Junta de Andalucía, gobernada por su partido", ya que -según señaló el edil- "fue precisamente la administración autonómica la que desde el minuto uno se mostró partidaria incluso de la demolición de hasta 5.000 viviendas".

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