La Policía acusa a un ex edil de Urbanismo de Estepona de "hacer la vista gorda"

  • En el sumario se asegura que Duarte era "conocedor de las irregularidades" que se cometían

No denunciar irregularidades. Ese es uno de los motivos que le costaron al ex concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, su imputación en el caso Astapa por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y omisión del deber de perseguir delito. Según el informe policial incluido en el sumario del caso Duarte hizo "la vista gorda ante conductas claramente ilegales" faltando a "la obligación que tiene por el cargo que ostenta de denunciar las irregularidades" que presuntamente se cometieron en dicho municipio.

La Policía considera que Duarte "es conocedor de todas las valoraciones que se llevan a cabo en esta localidad" y apunta a que en todo el Área de Urbanismo "se cometen numerosas irregularidades de las que Rafael Duarte es conocedor en todo momento". Ante su declaración ante la primera instructora del caso, Isabel Conejo, Duarte aseguró que no vio "ningún delito como claro" y que "si lo hubiera visto, lo habría denunciado", si bien reconoció que en Estepona " la gestión de contratación de personal, se hace con excesos respecto de lo que es normal en otros ayuntamientos" y añadió que en la localidad "se es ligero" con la tramitación de disciplina urbanística y que "se incumple" la regla general de control de fondos públicos, pero apuntó que desconocía que había un "hilo conductor" como ocurría en Marbella.

Además, afirmó que "en el Ayuntamiento no se respetaba el reglamento de incompatibilidades" y dijo que "seguro que ha habido trato de favor", aunque su actitud fue "estar en vigilancia y control". Duarte indicó que tuvo conocimiento de "algunos aspectos de la gestión de Francisco Zamorano, ex edil del PSOE imputado, que pueden estar en entredicho desde el punto de vista legal". Respecto a éste, en el juzgado, dijo no fiarse de él y aseguró que era "rival, adversario o como quiera llamarse".

El que fuera concejal de Urbanismo señaló que sus compañeros de partido y de corporación, los socialistas David Valadez, Cristina Rodríguez (denunciantes de la presunta trama) y Antonio Sánchez se pusieron en contacto con él "para regenerar el Ayuntamiento" o al menos mostraban "especial sensibilidad para rectificar inercias", mientras que respecto al resto de la corporación señaló que "había un engranaje que salvo que te estallara algún problema de legalidad o no le tuvieran miedo al señor Zamorano se limitaban a formar parte de ese engranaje y no hacer nada más", recoge la declaración judicial.

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