Los funcionarios judiciales que se ocupan de entregar en persona citaciones urgentes a los vecinos de Marbella, además de enfrentarse a una ciudad con centenares de urbanizaciones y un volumen de trabajo bastante elevado, pueden verse inmersos en una situación desagradable por el hecho de desplazarse en taxis que sólo tienen licencia para operar en Málaga capital.

Así lo cree el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), que ayer denunció cómo una funcionaria del Servicio Común de Partido Judicial, órgano que se ocupa de dar en mano notificaciones, emplazamientos, requerimientos o embargos, fue "retenida" el pasado viernes en la carretera durante dos horas por la Guardia Civil, cuando ésta se percató de que viajaba en un autoturismo que no disponía de los permisos necesarios para trabajar en Marbella.

La funcionaria no daba crédito a lo que estaba sucediendo en el arcén, ya que los taxis que suelen utilizar para realizar estos servicios están contratados por la propia Delegación Provincial de Justicia, según explicó el secretario general de Andalucía de SPJ-USO, José Ramón Carrasco. A pesar de que la afectada intentó convencer al agente con estos argumentos, éste ordenó que se inmovilizara el vehículo porque era "ilegal" seguir circulando. De nada sirvió que la funcionaria apuntase que no podría seguir entregando citaciones, que en muchos casos eran "urgentes", continuó lamentando el dirigente sindical.