El concejal Manuel Sánchez (PP), responsable del APAL Delphos - dedicado a la formación y al empleo- y de Protección Civil en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria presentará hoy su dimisión tras prestar declaración ante los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dentro del marco de la operación Edu por el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados. Tras su comparecencia, que duró pocos minutos, quedó en libertad, inicialmente con cargos, según indicaron fuentes del caso.

Ayer comunicó al alcalde, Francisco Salado (PP) que dejará su acta de concejal con el único motivo de "evitar el deterioro y el desgaste de su imagen pública, la de su familia, la de su empresa y la de la institución y partido al que representa, así como facilitar su defensa". Además, solicitará la suspensión de militancia del partido, "convencido de su inocencia", hasta que los juzgados aclaren todos los hechos. De hecho, durante su comparecencia dijo sentirse "sorprendido de ser auditado" y está convencido de que quedará "archivado".

La investigación sobre Sánchez, según estas mismas fuentes, se refiere a una subvención concedida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con cargo al programa presupuestario 32D, con compromiso de contratación, de la convocatoria del 4 de noviembre de 2010. La ayuda otorgada a una empresa vinculada a él ascendió a 60.750 euros.

Según aclaró ayer Sánchez en un comunicado, los hechos que se investigan son del año 2010, fecha en la que no ostentaba ningún cargo público. La subvención concedida por la Junta de Andalucía fue para un curso de Ayudante de Cocina y está relacionada con su actividad profesional. Un negocio de hostelería que tiene en Torre de Benagalbón, con su mujer e hijo que también fueron ayer citados para declarar ante los agentes de la UDEF.

Según explicó, en dicha declaración "ha quedado acreditado que el curso se impartió con normalidad y que el expediente del mismo fue aprobado por la Junta de Andalucía". Asimismo, aseguró que tiene en su haber una resolución de la administración autonómica aprobando la liquidación definitiva a su favor de la acción formativa que llevó a cabo, y que asciende a 5.734,93 euros. Este documento fue ayer entregado durante su declaración a la Policía, ya que no constaba en las diligencias de investigación "por tener fecha muy reciente", relativa al 26 de enero de 2015. El edil está convencido de que si las autoridades que investigan el caso hubiesen tenido este documento, no habría sido citado a declarar ni estaría inmerso en esta causa. Dijo que hubo "pocas preguntas", "muy concretas" y que "no conocía a nadie de la Junta relacionado con la subvenciones de los cursos". También aseguró "no haber pagado comisiones a nadie".

Sánchez cobró una retribución de 10.000 euros por la totalidad del curso, es decir, por los seis meses que duró la acción formativa más el tiempo previo y posterior en el que preparó la documentación.