El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del Caso Malaya, en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas Ave María y Francisco Norte.

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por Malaya- así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación a la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Yagüe.

En el auto el juez no accede a la propuesta policial de proceder a la detención de Arteche y solicita al Ayuntamiento marbellí que informe sobre los expedientes urbanísticos de ambas fincas, y ordena que se practiquen distintas pruebas periciales. El magistrado señala que en la operación Ave María el Consistorio firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el la entidad local cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en Ave María, así como casi 900 en Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros.

Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de Ave María a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros. El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Consistorio la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.

Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".

El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros. Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores". Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".