El conflicto entre la plantilla de la Policía Local y los responsables municipales del Ayuntamiento de Ronda ha dado una nueva vuelta de tuerca. Ayer, el delegado municipal de Seguridad, Fernando Corrales, anunció que se había acordado limitar las vacaciones de los agentes de este cuerpo de seguridad a un 10% de la plantilla en determinadas fechas. En concreto, carnavales, Semana Santa, Real Feria de mayo, 101 kilómetros, romería, Feria de Pedro Romero y los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 5 de enero del próximo año, han sido las fechas seleccionadas para aplicarle este decreto.

De este modo, las vacaciones en estas fechas han quedado suspendidas por necesidades de servicio y que el 90% de los 73 efectivos de la Policía Local, incluyendo los adscritos a inspección y Patrulla Verde, tendrán que estar disponibles para dar la cobertura necesaria a estos eventos que tendrán lugar a lo largo del año. En este sentido, Corrales explicó que la medida persigue hacer "definitiva" la decisión de los sindicatos de no hacer horas extraordinarias durante este año para colaborar con las medidas de ahorro, al tiempo que hacerla compatible con el contar con el mayor número de efectivos posibles durante la celebración de estos eventos y festividades. Además, calificó la decisión de los sindicatos policiales como "responsable y generosa línea de trabajo", al tiempo que les agradecía su colaboración para impulsar medidas de ahorro para colaborar con los recortes que trata de realizar el actual equipo de gobierno ante la difícil situación económica. De igual modo, no dudó el calificar la contribución de los agentes como "enormemente solidaria con el maltrecho estado de las arcas municipales".

En total, el coste por horas extraordinarias fue de 112.315 euros en 2010 y 62.899 en 2011. Por otra parte, el responsable municipal de Seguridad negó que se hubiesen dado órdenes desde el equipo de gobierno a la Policía Local para que extremase la dureza en la aplicación de la norma, al tiempo que animó a los ciudadanos que consideren que han sido injustamente sancionados a que presenten alegaciones a las multas que les han sido impuestas. En este sentido, confirmó que se va a analizar la estadística para comprobar si realmente se está produciendo ese incremento sancionador y "tomar las medidas que correspondan" una vez que se hayan analizado todos los datos en estas primeras semanas del año.