Suspendidos dos trabajadores por repostar gasolina con dinero público

  • La alcaldesa argumenta la decisión en el "daño" que los empleados han causado a la imagen del municipio

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La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), decretó ayer la suspensión de empleo y sueldo durante dos meses de dos trabajadores implicados en la adquisición de gasolina con fondos municipales para sus vehículos particulares en una estación de servicio de la localidad. La regidora, que admitió la compra en una sesión plenaria a comienzos de mes, argumentó la decisión en el "daño" que los empleados han causado a la imagen del Ayuntamiento, propagada por numerosos medios de comunicación. El portavoz del PP, Francisco Álvarez, indicó que uno de los involucrados es uno de los 20 cargos de confianza de la regidora, vinculado con IU y que la formación emplea para completar listas electorales de poblaciones próximas a Manilva. "En las últimas elecciones municipales estaba en las listas de Benahavís", apuntó.

La iniciativa de Muñoz, sin embargo, no satisfizo a la oposición. El líder del PSOE, Salvador Zotano, recordó que son ocho los trabajadores que, presuntamente, participaron en el fraude. "Ha abierto expediente contra los que ha querido. La medida es un intento de contrarrestar la reacción que se ha suscitado entre la opinión pública. Ha intentado tapar la compra del combustible y cuando se ha conocido ha adoptado la mínima actuación lo más tarde posible", explicó.

El portavoz del PP coincidió en señalar que se trata de un decreto "insuficiente y tardío, que se ha tomado después de un largo periodo de inacción por la repercusión que la noticia ha tenido en la prensa". Las dos formaciones han llevado el caso a los tribunales. Zotano solicitó el miércoles a la Fiscalía Anticorrupción que investigue el asunto, mientras que los populares acudieron a los juzgados de primera instancia a presentar una denuncia. La demanda se suma a los varios procedimientos que la regidora tiene abiertos en los juzgados de Estepona, localidad que colinda con Manilva, "por la política de enchufismo que practica", señaló Álvarez.

La compra irregular del combustible se ha descubierto en una campaña de ahorro del gasto municipal que el Consistorio emprendió en 2007. Tras detectar los primeros indicios del fraude, la Intervención Municipal abrió una investigación, cuyas conclusiones se conocieron el lunes.

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