Tirado se enfrenta a dos años de cárcel y 3 millones de multa

  • Anticorrupción acusa al ex alcalde de Manilva y a su cuñado de haber recibido dinero del finlandés Aki Kujala para elevar la densidad de la finca La Parrada

La Fiscalía Anticorrución reclama dos años de cárcel, tres millones de multa y siete de inhabilitación al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, al que acusa de un delito de cohecho porque presuntamente cobró dinero de los dueños de la empresa Royal Marbella Estates por elevar el número de viviendas que se podían edificar en la finca La Parrada.

Esta sociedad, a la que estaba vinculado el finlandés Aki Kujala, compró La Parrada, compuesta por varias parcelas entre Manilva y San Roque, por 9,7 millones de euros.

De acuerdo con la versión de Anticorrupción, inicialmente Kujala tenía dificultades para vender estos terrenos porque la densidad residencial era muy baja. Por eso, junto a su socio Stefan Biegert, decidió acudir al entonces alcalde de Manilva para lograr que elevara el número de viviendas por hectárea. Pensaban que de esta manera la finca resultaría muy "apetecible" para los promotores y podría ser vendida "sin dificultad". Tanto fue así que La Parrada fue finalmente vendida por 117 millones de euros. Es decir, lograron en la operación plusvalías de 92 millones.

Estas suculentas ganancias están "íntimamente relacionadas" con los convenios firmados entre el Ayuntamiento, con Pedro Tirado al frente, y Royal Marbella Estates para elevar la densidad de los suelos. Para llegar hasta Pedro Tirado, Kujala y Biegert "se valieron" de su cuñado, Francisco Calle, a quien le propusieron "el pago de una importante cantidad de dinero", tanto para él como para el entonces alcalde, "si lograba convencerlo para que permitiera ese aumento de la densidad". Según el fiscal, Pedro Tirado "aceptó". Cuando fue detenido, la Policía halló en su casa 762.000 euros que supuestamente formaban parte de su pago por La Parrada.

Anticorrupción entiende que el cuñado del ex alcalde " con la finalidad de ocultar la ganancia obtenida en la operación" trasmitió los fondos a otra sociedad fundada en Gibraltar con Rafael Fernández, un mecánico de profesión que figuraba como administrador único, aún cuando solo tenía una participación.

La acusación pide para Francisco Calle cuatro años de cárcel y 5,2 millones de multa por cohecho y malversación. Además reclama por los mismos cargos cuatro años de cárcel y 13 millones para el finlandés Aki Kujala, mientras que al mecánico Rafael Fernández le reclama dos años de prisión y multa de 2,2 millones.

Estos hechos se empezaron a investigar cuando el juez de Marbella, ahora destinado en Granada, Miguel Ángel Torres seguía el hilo de la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, en la que también está imputado Aki Kujala. Al ser detenido, el finlandés argumentó que el origen de su dinero radicaba en esta operación inmobiliaria. Tras las primeras pesquisas Torres abrió una causa separada e imputó a Pedro Tirado por cohecho y prevaricación, delito que, finalmente, suprimió la Audiencia.

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