El Ayuntamiento de Torremolinos fue el primero de la provincia en aplicar la ampliación de la jornada laboral de los trabajadores públicos, una de las medidas anunciadas por el Gobierno central a finales del año pasado. Por ello, el día 4 de enero los empleados municipales comenzaron a trabajar media hora más cada día, por lo que la jornada pasó a tener 37,5 horas semanales frente a las 35 anteriores. Sin embargo ahora, 20 días después de su puesta en marcha, el alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes, ha decidido suspender la ampliación. Todo se debe a las dudas que han surgido durante el proceso, ya que no está claro si el decreto del Gobierno se puede atribuir también a los trabajadores de la administración local.

En un decreto de Alcaldía, a través del que se ha hecho pública esta decisión, se detalla que ningún gran municipio de la provincia, como es el caso de Málaga, Antequera o Fuengirola, está llevando a cabo esta medida, una situación que también se repite en la Diputación Provincial "ya que no tenían claro que la jornada de 37 horas y 30 minutos fuese de aplicación a la administración local". Debido a ello, y hasta que no haya una postura "unánime" por parte de los ayuntamientos, se ha decidido dejar sin efecto el cambio de horario.

Por este motivo a partir de hoy los trabajadores municipales volverán a su jornada habitual, es decir, a realizar siete horas de trabajo al día. De hecho, en el decreto se establece que si finalmente la jornada de los trabajadores locales debe ser sólo de 35 horas semanales "les serán compensadas el mismo número de horas trabajadas" hasta el momento.

Los sindicatos CCOO y UGT no dudaron en mostrar su satisfacción por esta vuelta atrás provisional. El secretario de UGT Torremolinos, Antonio Luque, calificó la postura tomada ahora por Fernández Montes como "lógica", al asegurar que cuentan con una serie de informes jurídicos en los que se establece que la medida del Gobierno no debe achacarse a las entidades locales. En ese mismo aspecto coincidió la portavoz de CCOO, Josefa Cuenca, quien afirmó que la ampliación debería haberse puesto en marcha en todo caso "una vez estudiada a fondo la propuesta del Gobierno". Los dos sindicatos señalaron que se habían planteado tomar acciones judiciales contra el Consistorio. Desde el PSOE también se quiso valorar la situación, ya que se calificó la actitud del alcalde como "precipitada" al poner en marcha un decreto "antes de informarse si era de aplicación o no al ámbito local".