Los ediles denunciantes del caso Astapa descubrieron las presuntas irregularidades desde el principio de su mandato y estuvieron tres años y medio comprobando el funcionamiento administrativo, ya que en el Ayuntamiento presuntamente existían tres cajas de contabilidad.

Según el sumario del caso, en su denuncia los ediles señalaban que "la corrupción estaba tan asumida e interiorizada que todo se contemplaba desde la cotidianeidad y la inexistencia de pudor".

La jueza del Juzgado de Instrucción número uno de Estepona ha levantado el secreto de 6 de los 150 tomos de los que consta el sumario del caso "Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona.

En la denuncia, presentada por el actual alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, y su compañera de partido, la concejala Cristina Rodríguez, aportaron un dossier con 18 folios en los que realizan una exposición de hechos y destacan el funcionamiento de tres cajas de contabilidad.

La denominada caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previsto en la ley.

La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares.

Además del citado dossier, Valadez y Rodríguez aportaron diversa documentación sobre convenios urbanísticos, cuyas valoraciones de suelo fueron realizadas en su mayoría por el ingeniero técnico Javier Wittmeur, que concurrió a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas del Partido Estepona y que no realizó ningún proceso selectivo para acceder a su plaza.

Wittmeur fue detenido en el inicio de la operación y permaneció mes y medio en prisión por los delitos de fraude, falsedad en documento público y malversación de caudales, aunque abandonó el centro penitenciario tras abonar una fianza de 60.000 euros.

En la denuncia de los ediles se relataba el organigrama del Ayuntamiento, en cuya cúspide situaba a José Flores, ex jefe de gabinete de Alcaldía, "muñidor de todos los asuntos que afectan a la Corporación".

Tal era su poder, aseguran los ediles en la denuncia, que no sólo elaboraba el orden del día de las Juntas de Gobierno y de los plenos, sino que además conseguía la financiación mediante "donaciones" a las delegaciones socialistas.

También trataban en la denuncia el caso de José Ignacio Crespo, líder del PES, que aparece, según el Tribunal de Cuentas, como uno de los responsables de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero en el periodo 1995-1999, cuando era primer teniente de alcalde con el GIL.

Jose Ignacio Crespo también aparece vinculado a Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de Marbella con el GIL y Pedro Román, ex primer teniente de alcalde con este grupo, en un anónimo que forma parte del sumario de la operación Malaya.

Sobre el ex alcalde, Antonio Barrientos, dicen que podría ser el "hombre de paja", mientras que del ex gerente de Urbanismo con el PES, Pedro López, decían que sería a quien las promotoras tendrían que abonar las comisiones, entre otros.

Los ediles sostienen en su denuncia que se trata de personas que, ostentando una responsabilidad pública, hacen uso de su cargo "para lucrarse de manera descarada sin guardar las formas ya que los signos de ostentación son evidentes".

También se recoge en la denuncia cómo Valadez puso en conocimiento del ahora ex alcalde, Antonio Barrientos, la denuncia que le hizo un representante de la multinacional farmacéutica Orpea, que pidió la mediación de Valadez "porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico".

En más de una ocasión, recoge la denuncia, "se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fructífera".

En el escrito también se trataba adjudicaciones supuestamente irregulares de obras y servicios, otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago, o favores municipales a amigos y parientes.