Las viviendas irregulares de Mijas vuelven a dar que hablar. Si hace apenas dos días el alcalde la localidad, Antonio Sánchez, anunciaba que en el decreto que prepara la Junta de Andalucía para normalizar la situación se contemplan medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento, ahora es la Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas la que mueve ficha. El abogado de la entidad, Ricardo Santandreu, explicó que el municipio puede sumirse en "un caos urbanístico", ya que en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) no se publicaron los "textos íntegros" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995 y la revisión de 1999, por lo que no serían aplicables. El abogado afirmó que se hasta el momento se contabilizaban unas 8.000 familias afectadas. Santandreu hizo este anuncio en compañía del presidente del PP local, Ángel Nozal, que aseguró sentirse "muy preocupado por la situación generada". Asimismo, desde la asociación se anunció que solicitarán al Ayuntamiento de Mijas la publicación de los planes y que se estudiará la opción de presentar una demanda por prevaricación.

En respuesta, Sánchez calificó este planteamiento como "surrealista e irresponsable" y aseguró que el PP ha perdido "el sentido de la realidad al decir que el PGOU no es aplicable". "Están diciendo que habría que demoler colegios, institutos, calles, equipamientos y pisos construidos desde los 90 tanto en Mijas como en otros municipios que usaron el mismo método", aseveró.