El letrado José Carlos Aguilera aseguró ayer que "no hay ningún resorte legal ni ninguna razón jurídica en la que se pueda sustentar la pretensión de exigirle a los propietarios o adquirientes de viviendas en Marbella cualquier tipo de contribución al proceso de normalización o regularización de éstas".

Aguilera señaló que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "no contempla esa posibilidad" y añadió también que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "es muy clara al respecto".

Por otro lado, el abogado, que representa en algunas causas a la ex teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos, procesada en Malaya, entendió que la posibilidad de otorgar cargas económicas en los compradores si desaparece el promotor es un tema "suscitado a raíz de manifestaciones a mi juicio poco afortunadas de responsables del equipo redactor y de la oficina de Planeamiento, que han generado muchísima inquietud y desazón e incertidumbre".