El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar este viernes al actual alcalde del municipio malagueño de Benamargosa José Gallego (PA) al que la Fiscalía acusa de un delito contra la ordenación del territorio por construirse una casa presuntamente ilegal. Además, acusa a otras tres personas, dos concejales entonces y el que fuera arquitecto municipal en 2001.

El fiscal solicita para el actual regidor un año de prisión, al considerar en sus conclusiones iniciales que cuando no era alcalde llevó a cabo las obras de una vivienda de nueva construcción de dos plantas y piscina que fueron inspeccionadas en 2003 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil cuando la edificación aún no estaba terminada.

La acusación sostiene que el suelo de la parcela donde se levantaban las obras estaba clasificado como no urbanizable, según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, "con protección cautelar, complejo serrano de interés ambiental", aunque la entrada en vigor de dicho plan no se produjo hasta 2007, fecha posterior a los hechos.

Por esto, en el escrito provisional del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que en todo caso la clasificación de la parcela en la que se edificó la vivienda debe ser considerada como la de no urbanizable común, "al carecer el municipio de normas de planeamiento" y conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El fiscal añade que las obras se hicieron "sin contar con licencia municipal que las amparase", ya que se solicitó, "sin obtenerla", licencia en 2001 "para reforma de vieja vivienda de campo existente". Apunta que una vez levantada acta por infracción urbanística y realizada la obra, "presentó en el Ayuntamiento escrito --diciembre de 2003-- reiterando la solicitud con la intención de dar apariencia de legalidad a lo ya ejecutado".

Asimismo, también acusa al entonces arquitecto municipal que "informó favorablemente a la concesión de licencia de obras solicitada en 2001 para reforma y rehabilitación de vivienda existente, aún constándole el estado de ruina que hacía imposible la reforma de dicha construcción". Posteriormente, también informó en el expediente de obra promovido por el promotor.

Por su parte, se señala que dos de los entonces concejales del Ayuntamiento votaron a favor en el expediente de licencia para la legalización de lo ya construido, "a pesar de tener conocimiento del informe jurídico desfavorable emitido por el secretario del Ayuntamiento", en el que, según el fiscal, "se hacía constar la improcedencia de concesión de la licencia al incumplirse los requisitos".

El fiscal acusa al actual regidor como promotor por un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión y multa de 5.400 euros. A los otros tres procesados les acusa del mismo delito, pero como autoridad o cargos públicos, para los que solicita también un año de cárcel y ocho años de inhabilitación. Se insta a que se declare la nulidad de la licencia y a la demolición de la construcción.

Gallego negó en su momento haber construido vivienda alguna en una parcela de su propiedad y afirmó que las obras que se llevaron a cabo en esta finca consistieron en la rehabilitación y reforma de una casa antigua ya existente en la misma "contando, además, con todas las licencias y autorizaciones pertinentes".

El alcalde dejó claro que en el momento al que se remontan los hechos era "un ciudadano más" y no formaba parte de la corporación municipal, y aclaró que ningún concejal actual del Ayuntamiento tiene nada que ver con este asunto. Insistió en que actuó "cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente en 2001, mucho antes de la entrada en vigor de la LOUA".